Definición por penales

Es llamativo que sea precisamente del Ejecutivo de donde provengan todas esas críticas hacia el Ministerio Público, lo que no hace otra cosa que ratificar que el deterioro de las instituciones en el país viene alcanzando ribetes inéditos durante esta administración.

Según el documento fiscal, a la mandataria se le imputa el delito de cohecho pasivo impropio, que no es otra cosa que soborno. La fiscalía detalla que la presidenta recibió tres relojes valorizados en US$18.250, US$26.215 y US$20.217, un par de aretes de oro de US$5.512, y una pulsera de oro y diamantes de US$9.900. La Fiscalía de la Nación considera estas joyas como una prebenda o soborno. A cambio de ello, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, recibía presupuesto por S/194,8 millones.

Conocida la acusación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue el primero en levantar la voz calificando la acción del Ministerio Público como una “argucia” y una “persecución fiscal”. “En el Gobierno nos sentimos ofendidos y afectados por la maraña de acusaciones que no hace sino menoscabar las funciones constitucionales de la presidenta”.

Adrianzén rompió fuegos y, tras él, los ministros –cada vez que tienen oportunidad– defienden a la presidenta y echan mano del artículo 117 de la Constitución que establece que “el presidente en ejercicio no puede ser acusado salvo por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos; y por impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales”.

El ministro de Justicia fue más allá en la crítica: “Cuando un alto funcionario, en este caso el fiscal de la Nación, inaplica la Constitución, está injuriando los parámetros, los principios de la Constitución. En este caso, está incurriendo en una infracción constitucional”.

Los últimos que se han sumado a la artillería del Ejecutivo han sido los ministros Morgan Quero y Hania Pérez de Cuéllar.

Según Quero, “existe un acoso sistemático” y, para Pérez de Cuéllar, “hay una campaña desestabilizadora contra el Gobierno”.

Más allá de las reacciones del Ejecutivo, los debates entre constitucionalistas y penalistas, y la avidez de la opinión pública por saber si “Dina se va o se queda”, este partido se define en el Congreso y podría ser por penales.