Cuando la ilegalidad quiere gobernar

En el Perú, la narrativa sobre los actores ilegales ha estado enmarcada en la confrontación: se les percibe como fuerzas externas que desafían o se oponen al Estado. Sin embargo, esta visión simplista ignora una realidad mucho más compleja y alarmante: los actores ilegales ya no son meros retadores; se han mimetizado, infiltrado y, en muchos casos, participan activamente en el proceso político-económico.

Esta metamorfosis no es reciente, pero su escala y sofisticación son inéditas. Grupos vinculados a economías ilícitas no solo cooptan, sino que gestionan la participación ciudadana, influyen en elecciones, financian partidos políticos y logran representación parlamentaria y alcaldías. La ilegalidad no busca derrocar al Estado; busca gobernarlo.

Las cifras son abrumadoras: se estima que el 70% de los hogares peruanos dependen de alguna forma de la economía informal, y casi el 80% de la actividad económica total se relaciona con economías sumergidas.

Lo más paradójico y perverso de esta situación es el trato diferencial que la sociedad y el Estado dispensan a la formalidad versus la ilegalidad. Mientras el pequeño sector legal es sometido a una fiscalización implacable, a los ilegales se les ofrece un camino de “diálogo” y “procesos de formalización”. Esta doble vara no solo es ineficaz, sino que envía un mensaje devastador: la ilegalidad, si es lo suficientemente grande y organizada, puede negociar sus términos, mientras que la formalidad es castigada aun cuando intente operar dentro de las reglas.

Nos hemos encargado de satanizar a las empresas formales, que, si bien tienen mucho que corregir, están muy lejos de ser el problema central en un país abrumadoramente informal e ilegal. Mientras la atención y la crítica social se han centrado en ellas, ha emergido y consolidado un actor que contamina a una escala devastadora. Una fuerza organizada con ambiciones políticas y económicas que está reconfigurando el tejido social y productivo del país. La lección es clara: la tolerancia o la negociación con la ilegalidad no la erradica; la legitima y la expande. Ya lo vimos con la cocaína, y ahora estamos iniciando un proceso similar con la minería ilegal, con el grave riesgo de repetir los mismos errores.

Es imperativo que cambiemos nuestra percepción y nuestro enfoque. El principal desafío del Perú hoy no es la empresa formal; es la expansión desmedida y la normalización de la economía ilegal, que está redefiniendo el poder y la gobernanza en el país. Si no abordamos esta realidad con la urgencia y la contundencia que merece, corremos el riesgo de que la ilegalidad, con su violencia y corrupción inherentes, se convierta en la verdadera fuerza gobernante en el Perú.