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Hoy 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte se presenta ante el Congreso para dar su mensaje a la nación. La espera una representación alineada con ella, gracias a la debilidad que muestra ante las iniciativas legislativas.
El nuevo presidente del Congreso no tiene vocación fiscalizadora. “No tengo por qué dudar de la palabra de la presidenta”, dijo Eduardo Salhuana con respecto de los relojes Rolex que lució indebidamente la jefa del Estado (RPP, 5/4/24).
Antes de asumir como congresista, el actual presidente del Parlamento representaba a mineros informales. Lo hizo hasta antes de su juramentación. Felizmente, para uno de ellos, la asesora de Salhuana, Saby Meza, continuó defendiéndolo hasta fin de año.
Salhuana sostiene que no tuvo impedimento legal y que, por eso (supuestamente), no hay conflicto de intereses. Una denuncia en su contra en la Comisión de Ética no prosperó. Esta dejó en claro, sin embargo, que su representación pública con respecto a la representación de intereses privados es porosa.
El nuevo presidente del Congreso tiene experiencia. Ha sido congresista varias veces y por distintas agrupaciones políticas. Ha sido juez, gerente del Gobierno Regional de Madre de Dios, abogado de la federación minera de la misma región (Fedemin).
Ha propuesto, entre otras cosas, que se amplíe plazos de formalización de la minería y que no se destruya maquinaria de los campamentos ilegales, sino que se transfiera a los gobiernos y autoridades regionales o locales.
El flamante presidente del Congreso tiene la misma confianza de la opinión pública que toda la representación. Esta da la imagen de filtrar un crisol de intereses parciales.
Este es el Congreso que recibirá a Dina Boluarte. No la investigará a pesar de las sospechas y los indicios de cuestionables actuaciones. Cuidará, sobre todo, sus propios intereses.
La presidenta no podrá oponerse a las iniciativas legislativas de esos intereses infiltrados. No podrá detener las consecuencias de las leyes que colisionan con la economía pública y la seguridad nacional.
Este es el mismo Congreso que no aprobó la vacancia presidencial de Pedro Castillo, a pesar de la abrumadora evidencia. Tuvo que ser necesaria la flagrancia de un delito mayor para que el Congreso estuviera, por un momento, del lado del interés nacional.
El Congreso garantiza una estabilidad estéril a la presidenta. La presidenta no podrá hacer mucho con la misma. Veremos solamente qué hace con el mínimo margen que le queda.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es Periodista
