Este sábado en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. Primero, a cuatro meses de la inauguración del puerto de Chancay, China prepara una fuerte inversión vinculada a la implementación de una zona económica especial privada. Segundo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido señalado de cobrar al menos US$20 mil para influir en decisiones del Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia. Finalmente, el Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen que modifica las condenas de los delitos de calumnia y difamación.
🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢 INYECCIÓN ECONÓMICA
A cuatro meses de la inauguración del puerto de Chancay, China prepara una fuerte inversión vinculada a la implementación de una zona económica especial privada. Carlos Tejada, gerente de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, indicó que, además de los US$1.300 millones destinados a la construcción del puerto, se prevé la instalación de una planta ensambladora de vehículos eléctricos y centros de logística. El puerto ya ha generado más de US$400 millones en comercio exterior y S/144 millones en ingresos tributarios. Realmente una inyección económica para el país.
🔴 MÁS PRUEBAS CONTRA SANTIVÁÑEZ
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha sido señalado de cobrar al menos US$20 mil para influir en decisiones del Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia, según testigos protegidos presentados por la Fiscalía de la Nación. Durante la audiencia de impedimento de salida del país, el fiscal Luis Alberto Ballón reveló la existencia de más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 archivos que evidenciarían las negociaciones del ministro. Más pruebas salen a la luz contra un ministro que parece intocable.
🔴 AMENAZA A LA PRENSA
El Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen que modifica las condenas de los delitos de calumnia y difamación. Con 37 votos a favor, 23 en contra y 22 abstenciones, la medida fue impulsada por la Comisión de Justicia y presentada sin debate previo. El dictamen modifica los artículos 131 y 132 del Código Penal, aumentando las sanciones de tres a cuatro años de cárcel, lo que permitiría la prisión efectiva. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión advirtió que esta iniciativa representa una amenaza contra los periodistas y medios de comunicación. Una nueva ley mordaza.
