La magistratura en el Perú

En el Perú actual, la figura del magistrado atraviesa una compleja encrucijada. La desconfianza ciudadana y los constantes cuestionamientos a su independencia, alimentados por reiterados casos de corrupción, han erosionado su legitimidad. Ante esta realidad, el magistrado debe sostener su imparcialidad y credibilidad frente a presiones sociales, políticas y mediáticas, y erigirse en un modelo de liderazgo ético y responsabilidad social.

El liderazgo con humanidad y responsabilidad social define a la magistratura moderna; de otro modo se reduciría a aplicar normas, perdiendo legitimidad democrática y capacidad transformadora. Más que dictar decisiones en derecho, el magistrado orienta, educa y encarna valores. Cada decisión genera confianza o desconfianza, pues su autoridad nace de la coherencia, integridad, independencia y empatía. Ese liderazgo exige autogobierno, disciplina emocional y apertura a la crítica, pilares para decidir con ecuanimidad y actuar con prudencia.

El magistrado también lidera un equipo humano, cuyo clima y motivación dependen de su estilo de liderazgo. Liderar no es imponer, sino formar, inspirar y corregir con respeto. Un despacho con liderazgo humano se vuelve un espacio de aprendizaje, mientras que el autoritarismo reproduce la desconfianza que ya afecta al sistema. Cabe preguntarse si se están formando equipos comprometidos o solo exigiendo resultados.

En una sociedad recelosa, la conducta del magistrado puede simbolizar esperanza; su forma de escuchar, hablar, escribir e incluso guardar silencio, comunica una visión de justicia. El lenguaje claro está desprovisto de tecnicismos innecesarios y es de quien ha comprendido el conflicto detrás del expediente y recuerda que el derecho debe servir a las personas, no confundirlas.

Este liderazgo demanda sensibilidad social, pues la pobreza, discriminación y violencia estructural condicionan los conflictos que llegan a los tribunales. Así, el magistrado comprometido aplica enfoques diferenciales, control de constitucionalidad y humaniza el derecho. Ello exige una formación integral complementando el conocimiento normativo con filosofía, sociología, psicología y criminología.

Cada decisión en la magistratura es una oportunidad pedagógica para recomponer el tejido social. No se trata de sentimentalismo, sino de reconocer el sufrimiento humano y evitar la revictimización, simplificando procesos cuando hay derechos fundamentales en juego. La magistratura trasciende el expediente: sus resoluciones pueden visibilizar injusticias y fortalecer derechos humanos si dialogan con disciplinas como la antropología o la criminología crítica.

El liderazgo también se proyecta institucionalmente. El magistrado integra un sistema perfectible y su compromiso implica proponer reformas, usar responsablemente las estadísticas y colaborar con otras instituciones, recordando que cada cifra refleja una demanda real de justicia. Un liderazgo sostenible forma nuevas generaciones, transmite valores y enseña con el ejemplo.

En las zonas rurales o de difícil acceso, encarna al Estado y armoniza legalidad con sensibilidad cultural, un liderazgo territorial exigente profundamente transformador. Quien lidera no teme al cambio, lo impulsa, escucha críticas, revisa sus prácticas y evalúa honestamente el impacto de sus decisiones. No lo mueve el aplauso sino la búsqueda de justicia.

Ser magistrado no es un privilegio, es un compromiso, y el poder conferido por el pueblo debe dignificarse con responsabilidad y cercanía. Hoy, más que nunca, el país necesita magistrados con vocación de servicio, que conozcan y honren el derecho, que apliquen las normas, transformando vidas y caminen junto al pueblo.

Ese es el liderazgo que el Perú reclama, ese el juez que podemos y debemos llegar a ser.