La caja negra de la burocracia, por Martín Tanaka

Sin duda, no es sencillo hacer un argumento en favor de nuestra burocracia. Ciertamente, hay mucha ineficiencia en esta y muchísimo que mejorar. Pero debemos recordar que la burocracia que tenemos es hechura de nuestras autoridades políticas de los últimos años: ellas son las que contratan, las que han establecido los sueldos e incentivos que tienen los trabajadores del sector público, y las que han aprobado los reglamentos y las regulaciones que rigen las respuestas burocráticas.

Y nuestra burocracia también es consecuencia de las actitudes de la sociedad: se registra una amplia tolerancia ante prácticas como “que una autoridad elegida coloque a simpatizantes poco calificados en puestos clave”, “pagar una propina para agilizar un trámite” o “buscar a un amigo funcionario público para que nos favorezca en un servicio”, como muestra la encuesta anual sobre percepciones de la corrupción de Proética. Además, la suspicacia de la opinión pública y la facilidad con la que se acusa a los funcionarios tienden a paralizar la toma de decisiones y desincentivan a buenos cuadros a entrar a la carrera pública.

Finalmente, como se suele decir en las clases de política y gestión pública, muchas autoridades y comentaristas son rápidos en señalar “lo que hay que hacer”, pero muy excepcionalmente dicen “quién” específicamente debería hacer las cosas, “cómo” deberían implementarlas, “cuándo”, en qué plazos, con qué metas específicas, “con qué” recursos, y cómo así el curso sugerido resultaría mejor que otras opciones de política, porque toda decisión tiene ventajas y desventajas y, en realidad, no existen “balas mágicas” que resuelvan todo de una vez.

Para echar un poco de luz sobre el mundo de la burocracia, es útil consultar el “Panorama de las administraciones públicas América Latina y el Caribe 2020”, de la OCDE y el BID. Allí encontramos que, en efecto, el Perú y Bolivia son los dos países en los que más interacciones se necesitan en los procedimientos administrativos para ser resueltos (la famosa “tramitología”). En cuanto al índice de mérito civil, que “mide las garantías de profesionalismo en la forma en que funciona el sistema de servicio civil”, el Perú aparece muy por debajo del promedio regional en el 2004; pero es uno de los países que más ha mejorado, llegando a estar ligerante por encima del promedio hacia el 2015. Además, tenemos espacio para crecer: los ingresos y gastos de la administración pública como porcentaje del producto están muy por debajo del promedio de la región y de la OCDE. Para ponerlo en tres frases: partimos de una situación muy mala, pero hemos mejorado en los últimos años, y tenemos espacio para seguir invirtiendo en esas mejoras.

Si queremos una mejor burocracia, necesitamos fortalecer una lógica meritocrática dentro del Estado; contar con funcionarios bien remunerados, con una línea de carrera y con fuerte respaldo político. Sin ella, los funcionarios actuarán inercial, legalista y reglamentariamente, con la lógica de no hacer olas, antes que de innovar y solucionar problemas. Esta debería ser una de las grandes lecciones del COVID-19. La ley del servicio civil del 2013 claramente ha perdido impulso, y es desde allí que habría que empezar a actuar. Recuperar esa iniciativa, corregirla y ampliarla. Un punto transversal para los presentados en la agenda del Pacto Perú.