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Asesinatos por encargo, secuestros, extorsiones, cupos, narcotráfico, trata de personas, minería criminal. Es la lista diaria de los delitos que enfrentamos. Tarea esencial del Estado es combatir estas lacras. En vez de eso, vemos a las autoridades dedicadas a la lucha política y al ataque personal.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificó al Ministerio Público como “una piedra en el zapato” en la lucha contra la delincuencia. En algunas oportunidades, dijo, este resulta un “enemigo de la policía”. Agregó que “el sistema está podrido por parte de esta institución”.
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, respondió. Dijo que las críticas se deben a que en julio se iniciaron diligencias contra el ministro por el presunto delito de abuso de autoridad.
Es cierto que hay fiscales que no hacen bien su tarea. Más de una vez han liberado delincuentes a pesar de las capturas. Eso desalienta e indigna.
Los casos deben individualizarse, señalarse y denunciarse. Atribuir a la institución del Ministerio Público las inconductas de algunos fiscales es arbitrario e inconducente.
El ministro del Interior no puede sumarse al griterío o a las generalizaciones. Debe coleccionar los casos de denuncia y llevarlos a la Fiscalía de la Nación.
El fiscal de la Nación, por su lado, ha dicho que prefiere que los consideren enemigos “y no los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar” (El Comercio, 17/8/24, p. 6).
La investigación contra el ministro es por un audio en el que pide que “controlen” al periodista del portal La Encerrona, Marco Sifuentes. Santiváñez niega que se trate de su voz, pero, la verdad es que eso solo lo podría determinar un peritaje. La voz de la grabación se parece demasiado a la del funcionario.
El caso de fondo no es poco grave. Más allá de él, sin embargo, no puede suceder que un representante del Poder Ejecutivo se dedique al pleito mediático con el fiscal de la Nación. Tampoco puede ser que el fiscal de la Nación pise el palito, como se dice, y caiga en la tentación de responder a ese nivel.
Necesitamos una colaboración cerrada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Se requiere revisar y denunciar los casos de trabas, vengan de donde vengan.
La más alta autoridad, la presidenta de la República, debe intervenir. Y debe liderar a todas las instancias en una lucha unitaria contra la criminalidad.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es periodista
