El elefante en la habitación

Los congresistas, que acaban de aprobar el octavo retiro de los fondos de las AFP, argumentan que esto aliviará la economía de las familias y que los aportes son de los propios afiliados. Esto último no está en discusión, sino quién mantendrá a las personas cuando se jubilen, ¿las propias personas o le pedirán una pensión a papá Estado (los contribuyentes)?

Si hacemos un referéndum sobre cuántos afiliados desean que les devuelvan toda su plata, la gran mayoría responderá que quiere todo su dinero. De otro lado, si les preguntamos a esas mismas personas si se comprometen a que ellas mismas se mantendrán en la vejez, es probable que la gran mayoría responderá que espera que el Estado las apoye.

Las personas tenemos un sesgo del presente o de corto plazo, por el cual valoramos mucho más las recompensas inmediatas a los beneficios futuros. Y este sesgo nos pone en aprietos en términos de políticas públicas. Si no buscamos una forma forzosa de que se guarde pan para mayo, nadie lo hará voluntariamente.

Además, menos del 30% está en planilla, y un estudio de la Cepal, citado por el IPE, indica que por la informalidad los trabajadores solo aportan el 36% de su trayectoria laboral al sistema de pensiones (otros señalan que en promedio solo se aportan siete años de la vida laboral). Esto quiere decir que, al salir y entrar a la formalidad a lo largo de tu vida profesional (o al convertirte en independiente y regresar a ser dependiente), no se hacen aportes constantes suficientes para lograr una pensión decente.

Hay aproximadamente 10 millones de personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones, de las cuales, tras el octavo retiro, solo dos millones de una población económicamente activa de 17 millones tendrán dinero en sus cuentas. Antes de este retiro, ya había 2,2 millones con saldo nulo en sus cuentas, y quedaban 6,4 millones con menos de S/5.350 en sus cuentas. Si se ha aprobado un octavo retiro de cuatro UIT, es decir S/21.400, lo esperable es que esas personas se queden sin fondos. Entonces, ya hay ocho millones de peruanos que no van a tener un cristo cuando se jubilen. Sin contar cuántos quedarán cuando se aprueben el noveno, décimo y undécimo retiro de las AFP, que bajo la lógica de los congresistas de todas maneras se daría.

Aportar como independiente forzosamente tampoco es una opción porque ya lo derogaron. Además, la reciente norma aprobada indica que retirar fondos no afecta la pensión mínima garantizada, con lo cual se acrecienta la demanda por recursos del Estado. Una pensión que tampoco alcanzaría para mantener a un anciano y requiere haber aportado 20 años.

Si el peruano no tiene un vínculo con la formalidad (planilla) suficientemente extenso como para acceder a una pensión decente, solo queda optar por otro camino que permita generar mayores fondos para la vejez, y esta ligazón con la formalidad no es otra que el consumo. Seguiremos teniendo el problema de la informalidad, pero al menos tendremos un punto de contacto con la formalidad que podrá usarse para ahorrar obligatoriamente, y esa plata saldrá de lo que ya nos quita el Estado por impuestos, nos lo quita y usa mal, así es que tiene sentido que se destine a las pensiones.

Pero, claro, esta pensión por consumo no puede tener las limitaciones de la actualmente aprobada, que se calcula sobre el 1% de las compras formales con un tope de ocho UIT anuales. El sistema tiene demasiadas restricciones para ser efectivo. No se aplica para gastos de consumo sustentados en recibos por honorarios; ni para los de luz, agua, teléfono, cable e Internet, streaming; ni para los gastos de alquiler; ni para compras de un vehículo (auto, moto, bicicleta, equipos o maquinaria); y tampoco para compras mayores de S/700.

Existen algunas opciones, lo que no puede pasar es que sigamos sin mirar el elefante que está en la habitación.