ha lanzado la central de riesgo llamada Perfil de Cumplimiento, aplicable a todas las personas generadoras de rentas de tercera categoría (empresas) y cuya información estará disponible para cualquier tercero interesado.

La herramienta tiene por objetivo presionar por el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y establecer trabas o facilidades según el nivel de cumplimiento. En resumen, hacer pública tu nota para presionarte al exponer tu imagen y, además, hacerte la vida más difícil o fácil en los procesos legales tributarios.

Sunat estima que se logrará recaudar alrededor de S/800 millones anuales adicionales, un monto –téngase en cuenta– que en términos fiscales es poco (y que puede ser una bomba para las empresas), pero que para el MEF suma a la causa de reducir el déficit fiscal sin reducir el gasto corriente.

La medida, que fue aprobada por Pedro Castillo y Aníbal Torres (2022), se basa en el Siper creado en Argentina (2017), una iniciativa que efectivamente califica el perfil del contribuyente, pero que no está a disposición de terceros. Solo sirve, digamos, para la relación entre el contribuyente y la administración tributaria.

No existe experiencia comparada de que una medida como la planteada acá tenga más beneficios que costos, si consideramos el impacto en la reputación de las empresas y en el incremento de la recaudación. Menos aún, existe evidencia que haya medido el impacto en los sesgos de los fiscalizadores.

Es interesante advertir, tras la primera publicación de los perfiles de cumplimiento tributario, que el 63% de las empresas sale jalada (calificaciones C, D y E), incluyendo a las más pintadas. Si la mayoría de la clase está jalada, la primera cuestión a preguntarnos es si la culpa no será del “profesor” (Sunat) y del propio “colegio” (Tribunal Fiscal, MEF y Poder Judicial). Uno, por la forma en que se aplican las reglas tributarias y otro, por lo impredecible que resulta en el Perú la obligación de pagar impuestos (ver columna de Fernando Cáceres “¿En qué se parece el tráfico limeño a los impuestos?”).

Ni qué decir del desincentivo que supone pagar impuestos en un país donde se roban parte de la plata recaudada y se malgastan otro tanto.

La buena noticia es que esta iniciativa estará a prueba 12 meses (hasta julio del 2025), antes de empezar a tener efectos en los procesos que gestiona. La mala es que, si se llega a aplicar tal y como está, puede terminar significando una destrucción masiva de la reputación de muchas de nuestras pocas empresas formales.

Además, si sales jalado en la nueva central de riesgo, te esperan consecuencias negativas como demoras en verificar tus rectificaciones tributarias, fraccionamiento con peores condiciones, plazos más perjudiciales en las devoluciones, medidas cautelares previas, aplicación de la misma nota a las empresas vinculadas, etc.

Hoy es ya muy riesgoso deberle a la Sunat. Las consecuencias ya son duras: intereses elevados, cuentas bloqueadas, embargos de varias cuentas por la misma deuda, figurar en centrales de riesgo como Infocorp.

Una cosa es establecer perfiles de cumplimiento que tengan un impacto en los procesos legales entre Sunat y los contribuyentes, razonabilidad que vale la pena analizar en cada caso independientemente, y otra muy distinta es exponer la información a terceros, misma letra escarlata. Estamos a tiempo de corregir el rumbo.






*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Fernando Cáceres Freyre es Director ejecutivo de Síntesis Consultoría