Hace poco, la sobrina de una amiga fue detenida y retenida 48 horas en una comisaría por causa de un accidente de auto (menor) que terminó con un conductor de moto con fractura de pierna, atendido oportunamente por el SOAT. La conductora no tenía alcohol en la sangre, colaboró con las autoridades y declaró su domicilio. Sin embargo, llamó la atención su detención por razones de no contar con “arraigo laboral” debido a su condición de ama de casa.
Casos así nos obligan a preguntarnos si aplicamos adecuadamente la justicia o seguimos procedimientos irracionales, sin reparar en los afectados por el hecho. Nadie pretende desconocer el dolor de una víctima ni restar importancia a las consecuencias de un accidente. Pero tampoco confundamos la participación en un hecho fortuito con la culpabilidad netamente penal. Una cosa es investigar para determinar responsabilidades y otra muy distinta, privar de libertad a alguien como si ya fuera el condenado. La flagrancia no es una sentencia. La prisión preventiva no puede ser una respuesta automática. La libertad es un derecho y su restricción exige razones concretas, no simples formalidades.
Hay, además, una situación que me parece muy injusta: la valoración del “arraigo”. Pareciera que, para demostrar que una persona lo tiene, necesita presentar un contrato laboral. ¿Y las amas de casa? ¿Acaso cuidar un hogar, atender a los hijos, acompañar a los padres y sostener una familia no constituye una ocupación ni demuestra estabilidad? El trabajo doméstico no remunerado también tiene valor. No tener un sueldo no significa no tener arraigo, y mucho menos ser un potencial prófugo.
La justicia debe mirar a las personas en su realidad, no reducirlas a un documento. Un accidente debe investigarse, las víctimas deben recibir protección y, si corresponde, se asume responsabilidad. Pero, cuando existe domicilio verificable, colaboración con las autoridades y ausencia de indicios concretos de fuga u obstaculización, deben evaluarse medidas menos restrictivas, siempre conforme a ley.
El calabozo es un lugar para gente mala y la privación de libertad deja huellas emocionales, familiares y sociales. No debería convertirse en una nueva experiencia para quien nunca ha tenido contacto con el mundo del hampa y se ve involucrado en un accidente fortuito cuyas circunstancias aún deben esclarecerse.
No estoy defendiendo la impunidad. Estoy defendiendo la proporcionalidad, el sentido común y, sobre todo, la dignidad humana. La justicia no puede perder su humanidad cuando ejerce su mayor poder: privar a una persona de su libertad. Porque un accidente puede cambiar muchas vidas, pero la justicia no debería añadir una injusticia más.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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