256 días para decir nada

Tras 256 días de silencio mediático, la presidenta Dina Boluarte decidió finalmente romper su mutismo el pasado domingo. Sin embargo, lo que debió ser una oportunidad para rendir cuentas y responder a los graves cuestionamientos que pesan sobre su gestión se convirtió en una nueva demostración de evasión y falta de transparencia.

La conferencia de prensa, lejos de ser un ejercicio democrático genuino, fue una puesta en escena cuidadosamente orquestada. Boluarte se limitó a responder únicamente sobre el tema que ella eligió –la minería informal– y evitó sistemáticamente abordar las acusaciones más graves que enfrenta. Su condicionamiento para futuras declaraciones, en las que advirtió que solo hablará de ‘temas de interés nacional’ y no de “asuntos personales”, revela una presidenta que considera que los escándalos e investigaciones que la involucran no son de interés público.

La justificación del aumento de sueldo mediante la Ley Servir fue particularmente reveladora. Boluarte utilizó argumentos técnicos para ocultar una decisión esencialmente política e inoportuna. Como señaló el propio presidente de Servir, por sus manos no pasó ningún informe que sugiriera tal incremento. Es decepcionante que una mandataria con apenas 3% de aprobación, en un país donde 70% de peruanos afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades, se haya otorgado un aumento de 125% en su remuneración y no brinde explicaciones de fondo al respecto.

Los temas que Boluarte considera ‘personales’ –el ocultamiento de sus cirugías estéticas, las joyas y relojes de origen dudoso, la presencia del vehículo presidencial cerca de donde se habría estado escondiendo Vladimir Cerrón– no son asuntos privados, sino cuestiones de transparencia y ética pública. Su negativa a explicar por qué clasificó como ‘confidencial’ toda la documentación sobre su aumento salarial demuestra, asimismo, un desprecio absoluto por la rendición de cuentas. Algo que debería ser un deber imperativo ostentando el cargo político más importante del país.

La mandataria tampoco abordó la denuncia del exministro Juan José Santiváñez contra la prensa, limitándose a derivar la pregunta hacia él. Esta evasión es sintomática de un gobierno que prefiere el silencio y la hostilidad hacia los medios antes que dar la cara y responder.

Después de 256 días, la jefa del Estado habló para no decir nada sustancial. Su aparición parece haber sido más una maniobra para reanudar el contador de su ausencia mediática, no un genuino ejercicio de rendición de cuentas. El país merece una presidenta que responda por sus actos, no una que condicione su diálogo con la ciudadanía según su conveniencia personal.