Acción por la impunidad

Parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Ocho congresistas –todos de Acción Popular y todos investigados por el Ministerio Público– han firmado un proyecto de reforma constitucional para restituir la figura de la inmunidad parlamentaria, esa que tantos episodios oprobiosos de blindaje le dio al país en las últimas dos décadas y que se consiguió suprimir en el 2021, luego de años de esfuerzo y presión de la sociedad civil. Es como si los actuales parlamentarios estuvieran empeñados en espantar a como dé lugar al ínfimo porcentaje de la población que aún aprueba su desempeño.

Es importante recordar, por si alguien lo ha olvidado ya, las razones que motivaron la derogación dos años atrás de lo que en la práctica se había convertido en un mecanismo para la impunidad. Recordar, por ejemplo, que en el Congreso que funcionó entre el 2016 y el 2019 se aprobaron apenas tres de las ocho solicitudes que envió el Poder Judicial a la ya extinta Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para arrestar o procesar a distintos legisladores. Y que, de las tres que se levantaron, en dos de ellas el Parlamento se demoró bastante más de lo razonable en autorizar el arresto de los entonces representantes Benicio Ríos y Edwin Donayre –condenados por delitos cometidos mucho antes de llegar al hemiciclo– que, cuando finalmente permitió que se los detuviera, ambos se encontraban en la clandestinidad.

No conviene ignorar, asimismo, las artimañas utilizadas por los parlamentarios para dilatar la revisión de las solicitudes de levantamiento de inmunidad o los tecnicismos a los que solían recurrir para evitar resolverlos, como, por ejemplo, las invocaciones a esperar que se definiera una casación contra un congresista condenado para recién allanarse al pedido de la judicatura. Por todo ello lo que en un principio se concibió como una protección para el Poder Legislativo ante el riesgo –antaño elevado– de que sus integrantes sufrieran persecución política terminó pervirtiéndose al punto de que convirtió a los representantes de la nación en funcionarios prácticamente intocables.

Ahora, los legisladores acciopopulistas aluden a la supuesta necesidad de que ellos y sus colegas cuenten nuevamente con esta protección a fin de que el país pueda “contar con un Legislativo potente que esté a la altura para (sic) materializar los grandes retos del país”. En el mencionado proyecto, además, se recuerda la importancia de que los congresistas “no se vean vulnerables ante procesos penales o arrestos con motivaciones económicas, sociales o políticas distintas a los fines del Estado” y se arguye que esta reforma permitirá tener “una asamblea fortalecida para la toma de decisiones sin mayores temores y sin sucumbir ante los pedidos de grupos interesados”.

La realidad, sin embargo, es que desde que se derogó la inmunidad parlamentaria no ha habido un solo caso de persecución política contra algún legislador. Lo que sí ha habido, por el contrario, es un rosario de pesquisas contra congresistas, entre los que se encuentran aquellos denunciados por la Procuraduría General del Estado por recortarles el sueldo a sus trabajadores y también –oh, coincidencia– los ocho que firmaron esta iniciativa (José Arriola, Wilson Soto, Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Carlos Alva, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori y Luis Aragón), quienes vienen siendo investigados por el Caso de ‘Los Niños’. En lo que respecta a Espinoza, Vergara y Flores, además, ellos no necesitaron de ninguna inmunidad parlamentaria para ser blindados por el Congreso, cuyo pleno rechazó en mayo el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendaba acusarlos constitucionalmente a ellos y a su compañero de bancada Raúl Doroteo por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, y suspenderlos de sus funciones.

Lo que se necesita, más bien, es encontrar maneras de limitar en la medida de lo posible la posibilidad de que el Congreso siga cultivando el ‘otoronguismo’, no darles a sus miembros más herramientas para ello. Y eso es precisamente lo que la bancada de Acción Popular parece estar buscando, pues a estas alturas todos sabemos que la inmunidad parlamentaria no ha servido para otra cosa que para garantizar la impunidad de congresistas en líos con la justicia.