Acogotados

Por su propia naturaleza subterránea, no es fácil identificar el impacto económico real de crímenes como la extorsión. Por un tiempo, puede parecer que todo sigue relativamente igual, con las cifras oficiales agregadas sin registrar mayor movimiento, cuando en realidad los negocios –sobre todo los pequeños– sobreviven con amenazas, miedo y pagos ilegales.

Pero eventualmente el impacto se empieza a hacer notorio. Es lo que sugiere, por lo menos, el nuevo informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado ayer en este Diario. Según la investigación, en los distritos de Lima Metropolitana y el Callao, en donde las denuncias por extorsión no han aumentado, los créditos a las mypes subieron considerablemente en el último año. En cambio, en los distritos más inseguros, en donde las denuncias crecieron más del 100%, los mismos créditos cayeron 12% entre agosto del 2024 y agosto del 2025. En este contexto, las entidades microfinancieras habrían suspendido las visitas presenciales de sus asesores.

La violencia que acompaña las extorsiones es, sin duda, el peor aspecto del problema, pero no el único. La extorsión, a diferencia de otros delitos comunes como el hurto, ataca directamente la fuente de generación de riqueza de las personas. En pocas semanas puede destruir negocios que tomaron décadas en construirse. En el sector transporte, la situación es de emergencia, con al menos 65 trabajadores asesinados entre agosto del 2024 y octubre del 2025 en Lima Metropolitana y el Callao. Muchos de los pequeños empresarios que se mantienen vigentes deben cambiar de rubro, mudarse, operar sin puerta a la calle o a escondidas, pagar altos precios por seguridad –o cupos– y vivir con la incertidumbre sobre cuándo podría haber un atentado contra ellos y sus trabajadores. Cuando este esfuerzo ya no vale la pena, el negocio desaparece, y con él los puestos de trabajo.

Hace bien el gobierno actual en priorizar el problema y anunciar la creación de una unidad especializada contra la extorsión, pero de organizaciones y reorganizaciones en la policía ya se ha escuchado antes. El gobierno del presidente José Jerí sí ha recibido el evidente mandato de luchar frontalmente contra el crimen organizado que avanzó sin control durante la administración anterior. Su gestión será considerada un éxito si –con inversión en inteligencia y limpiando la corrupción interna del sistema– logra al menos poner las piezas adecuadas en el lugar correcto para proteger a las víctimas, capturar a los principales delincuentes y, eventualmente, minimizar el problema. Los pequeños negocios, que son la gran mayoría en el país, también lo agradecerán.