Explosiones silenciosas

Hay buenas razones por las que el control de la producción de cocaína en territorio nacional es difícil de implementar. La ubicuidad de los insumos requeridos, la protección que ofrece la selva donde se prepara y la dispersión geográfica de la producción son algunos de los motivos.

En el caso del control de la minería ilegal en Pataz, La Libertad, no hay ninguna excusa de este tipo. Se practica abiertamente, en lugares conocidos y concentrados utilizando insumos estrictamente controlados. Sin embargo, como reveló ayer la Unidad de Investigación de este Diario en su reporte desde la zona de producción, la facilidad de la que disponen los mineros ilegales para obtener y administrar explosivos haría a cualquier observador acucioso preguntarse si la actividad es realmente ilegal. Después de todo, ninguna autoridad parece interesada en el asunto a pesar de la flagrancia con la que se almacena y usa la dinamita.

De acuerdo con la SNMPE, la minería ilegal de socavón destina cerca de US$120 millones al año a la compra de explosivos, en buena cuenta mediante el uso extensivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Como se sabe de sobra, esta figura es una carta blanca que le ha concedido a más de 80.000 mineros la oportunidad de adquirir insumos y trabajar sin mayor fiscalización. Ahí donde el privado debe presentar copiosos documentos que garantizan la seguridad de sus operaciones en manejo de explosivos, cuidado ambiental, etc., al minero con Reinfo le bastan unas cuantas solicitudes. El paso de los explosivos desde ahí hacia la minería ilegal es fácil, como nota el informe que publicamos ayer.

Es cierto que en la cadena de errores institucionales hay varios responsables. El Congreso lleva una década extendiendo el Reinfo, que debía ser un instrumento temporal. Los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente se lavan las manos. La policía y la fiscalía intervienen, pero su participación es insuficiente. La Sunat, la Sucamec, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la OEFA, entre otras, podrían también hacer más.

Pero quien se debería llevar el principal llamado de atención es el Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña. Según la legislación, este es el responsable de supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de la minería artesanal, informal o ilegal. Los ataques y la cadena de delitos que acompañan a la minería ilegal de Pataz suceden en sus narices. Si el gobernador Acuña insiste en hacerse de la vista gorda y pretender ignorar lo que todos ya saben, al menos debería cargar con la mancha política que ello implica. Apañar mafias no es juego.