Los otros Villanueva

Hubo un tiempo en el que César Villanueva Arévalo era una anomalía en el embarrado terreno político peruano. Sus dos gestiones como gobernador regional de San Martín (2007-2013) le dieron fama de político pragmático y conciliador, y lo llevaron a ser designado por Ollanta Humala como su jefe de Gabinete en el 2013, un cargo al que volvería seis años después con Martín Vizcarra como presidente, luego de ser uno de los congresistas promotores de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Esta semana, sin embargo, Villanueva se sentó en el banquillo de los acusados, en lo que parece ser el epílogo de otro gobernador regional que, como Vizcarra o Yehude Simon, destacó por su gestión… para luego terminar en el mismo pozo de la clase política nacional.

El caso en cuestión se remonta a agosto del 2019, cuando se hablaba en la prensa sobre un supuesto pago de US$380.000 que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, le habría entregado a Villanueva a cambio de la adjudicación del proyecto San José de Sisa-Cuñumbuque en el 2008. Villanueva incluso habría tenido un código asignado por la constructora brasileña en su registro de pagos ilegales: ‘Currículum Vita’ o ‘CV’, acorde con sus iniciales.

Esto habría motivado que, en setiembre del 2019, según la fiscalía, Villanueva, que entonces era congresista, buscara al fiscal Alberto Rossel Alvarado a fin de que este llegara al equipo especial Lava Jato, que tenía en su poder las delaciones de Barata sobre los sobornos pagados por Odebrecht en nuestro país. La fiscalía cuenta con conversaciones interceptadas por mandato judicial en las que se revela un pago de Villanueva al hijo de Rossel Alvarado por US$3.000. El exgobernador ha reconocido este desembolso, pero ha dicho que fue porque contrató a Rossel Obando como abogado debido a su “experiencia”.

Vale decir que este no es el proceso más grave en su contra. El otro, el del supuesto soborno de Odebrecht, todavía está en espera de pasar por la etapa de control de acusación y el Ministerio Público pide 33 años de cárcel para él. Más allá de cómo termine la historia de Villanueva, esta –y el juicio que en paralelo viene enfrentado Martín Vizcarra– no deja de ser un buen recordatorio de la importancia de elegir autoridades regionales y locales probas cuando estamos a dos años de ir a las urnas nuevamente.

Atrapados en las vicisitudes de la política nacional, a veces nos olvidamos de que gran parte de los actos de corrupción se cometen a escala municipal y regional. Y que muchas veces estos, además, suelen pasar al olvido y morir en la impunidad.