El lunes en la noche, horas después de la declaratoria del en Lima y Callao, cuatro muertes violentas en solo tres horas dejaron en evidencia la futilidad de la medida decretada por el gobierno como reacción al asesinato del cantante de, Paul Flores, ocurrido el fin de semana pasado.

En su intento por dar la impresión de que tiene recursos para combatir la criminalidad que campea en el territorio nacional, el Ejecutivo ha puesto también sobre el tapete iniciativas cuya naturaleza demagógica ya hemos abordado aquí: la pena de muerte y la reimplantación del servicio militar obligatorio.

Con respecto de esto último, hay que decir que es una práctica que se dejó de lado décadas atrás en nuestro país por el abuso que se daba en las ‘levas’ y, en general, porque interrumpir el proyecto de vida de un joven para imponerle un ‘servicio’ así supone un atropello contra las libertades y derechos básicos de todo individuo.

La idea tras este tipo de iniciativas nimbadas de una aureola de disciplina y rigor es que la exaltación patriótica alejará a esos jóvenes de la tentación de engrosar las filas de la delincuencia. Existen por lo demás problemas prácticos para su puesta en vigor. El principal, el presupuesto: si no hay dinero suficiente en las arcas fiscales para sostener adecuadamente a los que prestan hoy el servicio militar voluntario, ¿de dónde se va a obtener el que haría falta para solventar el ingreso a los cuarteles de cientos de miles de muchachos?

Una manera de hacerle frente a la situación que vivimos es tomar acciones efectivas contra las economías ilegales –minería, tráfico de terrenos, tala, pesca, narcotráfico, etc.– que financia todo el resto de delitos y que se ha infiltrado en la política tejiendo redes detectables en todas las instancias del Estado. Una reacción que, como hemos dicho aquí, requiere de la participación y el compromiso de la PNP, el sistema penitenciario, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gremios y organizaciones de la sociedad civil. Lo demás son palos de ciego cargados de demagogia.

Hablar de enrolar obligatoriamente a los jóvenes para que presten un servicio militar que el Estado no tiene cómo financiar es contraproducente y peligroso.

Editorial de El Comercio

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