Editorial: Alarmas desde Apurímac

El conflicto socioambiental en torno a la mina Las Bambas, ubicada en Apurímac, parece una historia de nunca acabar. Desde que la operación empezó a funcionar, en el 2016, los bloqueos y protestas alrededor del camino que utiliza la mina para trasladar el mineral desde su yacimiento hasta el puerto de Matarani, en Arequipa, se han vuelto moneda corriente. Debido a esta situación, según los ejecutivos de MMG, la empresa a cargo de la mina, esta ha tenido que interrumpir sus operaciones por alrededor de 400 días desde el 2016. Evidentemente, trabajar en esas condiciones se torna complicado para cualquier operación.

Como se sabe, inicialmente Las Bambas planeaba transportar su producción a través de un mineroducto que discurriría bajo la superficie. Sin embargo, cuando la operación –inicialmente a cargo de la suiza Xstrata– fue vendida a la china MMG en el 2014, esa parte del proyecto fue dejada de lado y, en su lugar, se decidió transportar el mineral a través de camiones que transcurren por un camino de tierra levantando una polvareda que ha motivado las protestas de las comunidades colindantes. En los últimos años, las propuestas para corregir esta situación han oscilado entre el asfaltado de la vía o la construcción de un tren, sin que ninguna llegue, valga la ironía, a buen puerto.

Ayer, finalmente, MMG anunció que suspendería la producción de cobre de Las Bambas hacia mediados de diciembre debido al bloqueo de vías en la provincia de Chumbivilcas y luego de no llegar a un acuerdo con la comunidad en una reunión celebrada el pasado 30 de noviembre por lo que la empresa considera “demandas comerciales excesivas”. El anuncio, como es evidente, no ha pasado desapercibido, toda vez que hablamos de una de las minas de cobre más grandes del mundo, cuya operación representa el 15,6% de la producción total de cobre en el Perú, el 2% del total de la producción cuprífera mundial y aproximadamente el 1% del PBI nacional.

Asimismo, según Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la paralización de Las Bambas afectaría a cerca de 8.000 trabajadores y proveedores y, en palabras del gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, la región dejaría de percibir S/1,5 millones al día por conceptos de regalías.

Lo anterior, por supuesto, sería el efecto directo e inmediato del cese de la operación minera, pero hay un impacto mucho más difícil de advertir a primera vista y que podría terminar desencadenando consecuencias bastante más graves a futuro. Hablamos del mensaje que envía el Estado Peruano sobre su incapacidad para gestionar conflictos socioambientales que se mantienen activos durante años y cuya prolongación en el tiempo termina por empujar a las compañías mineras a suspender operaciones o, en algunos casos, a ni siquiera iniciarlas. Es una incapacidad que, literalmente, nos cuesta millones a todos.

Para ser justos, hay que decir que el conflicto en torno a Las Bambas no se inicia con este gobierno. Sin embargo, esta administración, que se vendió como una que cambiaría radicalmente la manera en la que se gestionan los conflictos sociales en el territorio nacional, ha hecho muy poco para revertir esta situación. Peor aún, en algunos extremos, la ha agravado con mensajes como los enviados por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, que hace dos semanas prometió a representantes de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho, que no habría “ninguna ampliación más” para cuatro unidades mineras sin consultarlo con las empresas implicadas. Días después, como sabemos, el Ejecutivo tuvo que recular, no sin dejarse la credibilidad y la palabra empeñada en el camino.

Lo ocurrido en Las Bambas es, pues, una muestra de que la incapacidad del Estado para gestionar los conflictos socioambientales puede costarnos mucho. Lamentablemente, por las señales dadas hasta ahora, parece muy improbable que la situación vaya a revertirse con un gobierno lleno de mensajes contradictorios e imprudentes.