(Foto: Lino Chipana / El Comercio)
(Foto: Lino Chipana / El Comercio)
Editorial El Comercio

El censo llevado adelante el último domingo por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) enfrentó varios problemas y estuvo lejos de ser un éxito indiscutible. La desinformación de la ciudadanía y la falta de preparación de una porción importante de los encuestadores determinaron que el proceso estuviese rodeado de incertidumbre y suspicacias; y, en última instancia, que no pudiese ser completado (Aníbal Sánchez, jefe de la institución responsable, se apresuró a declarar la misma noche del domingo que solo entre 2% y 3% de los cerca de 7’668.000 viviendas de la zona urbana de todo el país no alcanzó a ser censado, aunque no quedó claro cómo sustentaba tal afirmación).

Pero eso no ha sido lo más grave. Durante la jornada una encuestadora fue violada mientras realizaba sus labores en el distrito de Villa el Salvador.

Por otra parte, la revelación de que existe un convenio entre el INEI y determinadas instituciones privadas para compartir con ellas información del censo ha levantado una serie de cuestionamientos sobre la utilización que podría darse a datos confidenciales de los ciudadanos ahora en poder del Estado.

Por todo ello, la organización y desarrollo del proceso ha sido objeto de críticas de parte de la prensa y la oposición. Y aunque parezca irónico, también del Gobierno. En particular, de parte de la primera ministra Mercedes Aráoz, titular del sector del que depende el INEI –la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)–, quien ha hablado de “problemas logísticos” que le parecen “bastante insólitos para una cosa que tiene tantos años de preparación y tanto presupuesto”, y ha calificado de ‘atroz’ tanto la violación que sufrió la encuestadora como la posibilidad de que se alcance la información personal reservada del estudio “a privados o a políticos”. Para finalmente anunciar: “Nosotros en la PCM vamos a pedir un informe completo de la situación”.

Pero, la verdad, es que eso da la impresión de ser muy poco y muy tarde. El censo se perfiló como una actividad mal pensada y pobremente planificada desde tiempo atrás; y en esa medida, la intervención del sector responsable se haría necesaria a priori.

Desde la confusión que generaron las palabras del mencionado Aníbal Sánchez y el ministro del Interior, Carlos Basombrío, sobre la suerte que correrían quienes circulasen por la calle el día del censo entre las 8 a.m. y las 5 p.m. (dijeron inicialmente que estas personas serían llevadas a la comisaría donde se las empadronaría y se las retendría hasta que terminase la encuesta, y luego tuvieron que retractarse) hasta el déficit de empadronadores debido –siempre según Sánchez– al ‘impresionante crecimiento vertical de los edificios multifamiliares’ en Lima y otras ciudades: todo sugiere que la falta no ha sido tanto de logística como de lógica.

¿Es que nadie se tomó el trabajo de pensar antes del censo cómo y con qué argumentos se pediría a la gente que colaborase con el procedimiento permaneciendo en sus casas? ¿No hubo tampoco nadie en el INEI capaz de contemplar y estimar a tiempo el crecimiento que, aparejado al de las familias, sufrirían las construcciones?

Por otro lado, ¿es verosímil que las entidades privadas que suscribieron convenios con la referida institución para ‘auspiciar’ la actividad a cambio de acceso a la información lo hayan hecho para obtener solo ‘data pública’, como aseguró ayer la ministra Aráoz?

El caso de la encuestadora violada, por último, revela también que nadie reflexionó por un momento sobre los posibles riesgos que correrían las personas –hombres y especialmente mujeres en un país con escandalosos niveles de violencia de género– que ingresaran solas a un ambiente cerrado, y tomó precauciones al respecto, estableciendo una red de comunicación y seguridad, capaz de reaccionar ante una llamada de auxilio.

Aníbal Sánchez, responsable directo del proceso, tendrá que responder ciertamente por todo esto ante el Congreso y ante sus superiores. Pero esos superiores tendrán que asumir también lo que les toca y dejar de pretender que lo que ha existido es un problema de logística ajeno a ellos.