Editorial: Más sexy es gastar

El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, manifestó hace unos días que el gobierno de Ollanta Humala dejará las finanzas estatales “ordenadas”. Tras informar que el Estado cuenta con líneas contingentes por miles de millones de dólares para todo el servicio de deuda del próximo año, el ministro Segura agregó que, en temas de financiamiento del presupuesto, su sucesor “casi se puede sentar y decir el 2018 a ver qué hago”.

Lo cierto, sin embargo, es que aun cuando la deuda pública como porcentaje del PBI es de las más bajas en América Latina y se encuentra en condiciones razonables, el aumento del gasto corriente del sector público y la caída en la recaudación son asuntos que deberían preocupar a quien presida la cartera de Economía en el próximo gobierno. 

En efecto, entre el 2014 y el 2016, el presupuesto anual del sector público aumentó en más de S/19.500 millones (es decir, un incremento mayor a todos los recursos asignados a los sectores Transportes, Comunicaciones y Defensa para el 2016). 

Por otro lado, los ingresos recaudados por la Sunat han caído en el último año. A marzo del 2016, la variación anual real acumulada en impuestos tributarios internos cayó en 1,3%, mientras que los ingresos no tributarios cayeron en 34,9%. Esto último, en buena parte, debido a un peor desempeño del sector minero –cuyas exportaciones disminuyeron en 12,6% con respecto al año anterior–, que resulta en una inevitable menor recaudación de regalías mineras (-14,9%) y del gravamen especial a la minería (-59,8%).

En la parte de diagnosis, los planes de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP) se distinguen en que el primero advierte la situación de caída en la recaudación fiscal y aumento del gasto corriente y el segundo no la menciona. En lo que sí se parecen, no obstante, es en que ninguno se preocupa realmente por dar una solución. 

Ninguno de los lineamientos económicos presentados por los partidos que disputarán el balotaje en menos de un mes incluye alternativas concretas para hacer más eficiente el gasto público, más allá de las acostumbradas declaraciones genéricas de “elevar la calidad del gasto público” o la ingenua confianza en que bastará con la actuación correctiva de la Contraloría General de la República para desaparecer los continuos malos –cuando no ilícitos– usos presupuestales. 

A falta de una verdadera política de Estado para mejorar la eficiencia en el gasto público, sí abundan, por el contrario, las iniciativas que demandarán un incremento de dicho gasto sin la debida explicación de su fuente de financiamiento o, siquiera, alguna propuesta para mitigarlo o sostenerlo en el tiempo sin consecuencias adversas. A estas medidas –que hemos criticado anteriormente desde esta página– habría que adicionar las azarosas promesas electorales de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski que han proliferado después de la primera vuelta, surgiendo casi espontáneamente en medio de la efervescencia de una plaza o un auditorio, y que, también con naturalidad, generarán una nueva carga en el presupuesto público.

Aunque asuntos como la reingeniería del gasto público y recuperación del equilibrio fiscal no sean remotamente atractivos en comparación con ofrecimientos de incremento de sueldos, fondos de jubilación para taxistas y bancos de fomento, es ingenuo fantasear con una mejor situación económica del país y de los ciudadanos, si los candidatos presidenciales no están preocupados siquiera en hacer más eficiente la administración y las cuentas que ellos mismos dirigirán. 

El mes pasado en su primera opinión sobre la labor del Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo Fiscal advirtió que la deuda del sector público podría volverse un problema para el país en los próximos años y que era necesario tomar medidas para impedir que se presente un escenario fiscal negativo. A pesar de ello, los partidos políticos en disputa siguen interesados en hacer más promesas de gasto. Habrá que recordarles que gastar puede ser más atractivo… hasta que llega la cuenta.