Editorial: Trabajo a medias

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, ha hecho parte de su discurso regular de legitimidad la fortaleza de la recuperación económica durante este año. Sin duda, algunos números lo acompañan. Por ejemplo, la economía se expandiría cerca de 13% en el 2021, lo que pondría el PBI por encima de sus niveles prepandemia. Al mismo tiempo, el déficit fiscal sería menor debido al rebote de la actividad productiva y a los buenos precios de los minerales.

Pero no todo pinta el mismo escenario optimista que el ministro Francke quiere mostrar al público. En particular, el mercado de empleo, quizá el más sensible de todos los mercados en términos sociales y políticos, aún está severamente golpeado. La semana pasada, el INEI indicó que, en el año móvil octubre 2020-setiembre 2021, la tasa de informalidad laboral fue de 78,2%, más de cinco puntos porcentuales por encima de su nivel prepandemia. En la zona selva, la informalidad en el trabajo supera ya el 85%. En comparación con el año pasado, hoy hay 20,8% menos trabajadores urbanos formales.

En más de un sentido, los otros indicadores de avance económico, resaltados por el MEF en sus varias exposiciones, palidecen ante la debilidad aún extendida del mercado laboral. Para millones de familias peruanas, poco significa que la generación eléctrica esté en niveles altos o que los ingresos fiscales se hayan recuperado: lo que necesitan es más y mejor empleo. Los ingresos, de hecho, son un 12,8% menores hoy en el área urbana que antes de la crisis del 2020, y eso sin contar la erosión en la capacidad adquisitiva a causa de la inflación de este año.

Estos datos son preocupantes en varias dimensiones. A nivel macroeconómico, el empleo marca la capacidad de consumo de las familias, que a su vez es la base de la economía nacional. A nivel social, bajas remuneraciones implican situaciones de vulnerabilidad para millones. A nivel político, un mercado de trabajo deteriorado es el caldo de cultivo preciso para situaciones de ingobernabilidad y descontento generalizado con el Gobierno. Un descontento que también podría alimentarse del costo de vida, cuya alza es, según la encuesta de El Comercio-Ipsos que publicamos hoy, el problema que más afecta a los peruanos.

¿Qué se está haciendo desde la administración del presidente Pedro Castillo para atender esta situación urgente? La verdad es que muy poco. El énfasis ha estado menos en la recuperación del trabajo sostenible y de calidad que en la ayuda estatal a partir de bonos para las familias. Y cuando se ha intentado abordar la problemática del mercado laboral, se ha hecho todo al revés: lo poco que propone el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) amenaza más bien con seguir golpeando los incentivos para expandir el trabajo formal. En este contexto, no es casualidad que las expectativas de contratación de personal a tres meses, según la última encuesta del BCR, estén en tramo negativo.

El Gobierno pasa por alto esta situación bajo su propio riesgo. En términos económicos y políticos, la población necesita y demanda recuperar sus ingresos por trabajo más que cualquier otra cosa. Y eso solo se puede lograr en un ambiente de predictibilidad que aliente el emprendimiento, la inversión y la contratación. Ningún bono puede suplir un mercado laboral resentido. Para cuando el mandatario tome nota de esta realidad, quizá sea ya demasiado tarde para los trabajadores.