Control político, el mío

Frente al embate institucional que supuso la administración del presidente Pedro Castillo entre el 2021 y el 2022, el actual Congreso tuvo algunos aciertos que es justo reconocer. Sin embargo, desde su correcta destitución por 102 votos en el hemiciclo hace poco más de dos años, es difícil encontrar muchas luces en el trabajo parlamentario. Este año que culmina, en particular, fue lamentable.

Probablemente lo más preocupante ha sido el debilitamiento progresivo y constante del sistema de justicia a través de proyectos de ley descaminados. El Congreso, por ejemplo, impulsó una ley que eliminaba la detención preliminar en ausencia de flagrancia (error que luego fue enmendado con otra ley parche), un proyecto de ley aprobado en primera votación para que los procesos de extinción de dominio se inicien únicamente “cuando exista una sentencia condenatoria penal firme y consentida”, y una norma aprobada por insistencia que menoscaba la colaboración eficaz. Con líderes políticos procesados y otros vínculos aparentes de algunos congresistas con organizaciones al margen de la ley, es imposible pensar que esto no ha sido un esfuerzo deliberado y sistemático.

No debería pasarse por alto tampoco el pobre control político que ejerció este año el Congreso. Hace un par de semanas, el pleno se quedó a dos votos de lograr la censura del titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, tras el escándalo con el programa Qali Warma. Cabezas de otras carteras con evidentes limitaciones, como Interior y Educación, han pasado también por agua tibia. Y en el caso de Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, más bien el Parlamento cedió a la presión de los intereses de los mineros ilegales en su censura, y luego apuró el paso para extender la carta blanca que tienen para operar con el Reinfo.

Pero el blindaje no fue solo para amigos o externos; existió sobre todo dentro de casa. A inicios de mes, la fiscalía llamó la atención al Congreso por la demora en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de 16 denuncias constitucionales pendientes desde enero del 2024, en las que se incluyen los casos de mochasueldos. A fines de noviembre, la Comisión de Ética ni siquiera pudo sesionar por falta de quórum, en una muestra del interés por el tema. Queda pendiente, además, una reacción mucho más enérgica y clara respecto de la presunta red de prostitución dentro del mismo Congreso.

Así, si existió algún tipo de control político durante el 2024, fue para controlar a los incómodos y proteger a los amigos e intereses propios. Si en el 2025 la farra congresal continúa a este ritmo, las consecuencias las pagará el país entero en el aplastante voto de rechazo que vendrá en el 2026.