Hasta el 10 de octubre, el Sinadef –el sistema que registra las defunciones en el Perú– reportaba que los homicidios este año suman ya 1.493. Con ello, hemos superado la marca del 2023 (1.431) y nos acercamos a establecer el mayor registro de los últimos ocho años. El dato es inquietante, pero no sorpresivo. Todas las semanas, los peruanos nos enteramos de nuevos asesinatos que parecen competir entre ellos por su nivel de ensañamiento.
El último ocurrió ayer, en Bellavista (Callao), donde un sicario acribilló a una persona cuando esta se encontraba en su auto. Y un día antes, el lunes, Lima vivió una verdadera jornada de terror cuando en cuestión de horas un maestro de escuela fue acribillado en Ate delante de sus alumnos, un agente de seguridad fue asesinado en el Callao y un conductor de bus fue tiroteado en Comas en un nuevo episodio de extorsiones contra el transporte público.
La reacción del Gobierno a esta vorágine de violencia, sin embargo, fue bastante lamentable, por decir lo menos. Consultado en la noche del lunes por los crímenes en estado de emergencia, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tuvo una serie de declaraciones desafortunadas. “No podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados; definitivamente, hay que investigarlo, porque ha sucedido dentro de un estado de emergencia, pero eso no significa en lo absoluto que no estemos teniendo ningún tipo de resultado”, aseguró. Lamentablemente, no se trata de solo “un hecho”, como afirma el ministro. Según registros de este Diario, se han registrado al menos 23 asesinatos en 19 días de estado de emergencia. Eso, sin contar los atentados que no han dejado fallecidos, pero que suman a la percepción de que la medida no surte efectos.
Desde el Gobierno, sin embargo, prefieren desbarrar con sus declaraciones y exponerse al escarnio antes de aceptar que esta no funciona. Es preocupante, por ejemplo, que Jhovinson Vásquez, alcalde de uno de los distritos en emergencia (Ventanilla), haya asegurado en entrevista con este Diario que el Ejecutivo no consultó con ellos antes de dictar la medida. Esta fue apresurada y sin planificación alguna, por lo que solo puede tener los resultados que estamos viendo.
Semanas atrás, Santiváñez aseguró que si el estado de emergencia no funcionaba él daría un paso al costado. Veintitrés asesinados son, a nuestro modo de ver, una muestra clara de que no funciona. Y haría bien el ministro en ahorrarnos los otros 41 días que le quedan de vigencia a la medida para irse.