Investigaciones por docena

La designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos pone en entredicho el respeto del gobierno por los principios básicos de la gestión pública y la institucionalidad. La presidenta Dina Boluarte ha decidido entregar esa cartera a un funcionario que no solo se fue censurado del Ministerio del Interior, sino que también arrastra nada menos que 12 investigaciones por presuntos delitos de corrupción, abuso de autoridad, lavado de activos, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Esta decisión ratifica que el gobierno ha perdido completamente el rumbo ético e institucional. Nombrar a Santiváñez no es solo un error político; es una muestra del poco aprecio por la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cómo pretende la mandataria que los ciudadanos confíen en una gestión que coloca al frente del sector Justicia a quien sistemáticamente se abstiene de responder ante ella? Resulta inexplicable que, con esta colección de carpetas abiertas, algunas voces planteen que Santiváñez se haga cargo de la reforma judicial.

Muchos de los legisladores que censuraron a Santiváñez cuando era ministro del Interior por su “manifiesta incapacidad” en la lucha contra la inseguridad deben haber tomado este retorno como una provocación. La presidenta ha desafiado abiertamente la decisión del Legislativo, devolviendo a un censurado a la primera línea del Gabinete.

La situación resulta particularmente incongruente cuando consideramos que Santiváñez podría tener bajo su responsabilidad la reforma del sistema de justicia e impulsar la eventual salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué credibilidad puede tener un proceso de reforma impulsado por quien está impedido de salir del país por riesgo de fuga?

El país merece explicaciones inmediatas sobre los verdaderos motivos que llevan a la mandataria a sostener a un funcionario tan cuestionado.