Editorial El Comercio

Ver el desarrollo del ha sido como seguir el derrumbamiento de un edificio por pedazos. Ayer, cuando la sala que venía conduciendo el juicio regresara a etapa intermedia, apenas se confirmó lo que ya veníamos viendo en los últimos meses: que los defectos de la acusación eran tan grandes que este desenlace era previsible.

Como todos sabemos, el Caso Cocteles no es uno más del montón; ha sido quizás el más importante de la última década en nuestro país. Principalmente, porque entre sus acusados se encuentra , quien en dicho período disputó dos veces la segunda vuelta presidencial y en la última de ellas, además, con el proceso como un elemento clave para la definición del balotaje. El caso la llevó dos veces a prisión preventiva y puso la diana sobre varios empresarios del país a los que el fiscal acusó de aportar a las campañas del fujimorismo en el 2011 y el 2016 dinero de origen ilícito.

Hay que decir que, desde el principio, el proceso generaba dudas. La principal de ellas era sobre el delito de lavado de activos (el más importante, el que sostenía a todos los demás), que fue utilizado por la fiscalía para salvar el hecho de que en el momento en el que se realizaron las donaciones de Odebrecht, la Confiep y otros, el financiamiento de partidos no era sancionado por ley. Para ello, se elaboraron tesis que no tenían mayor asidero y, en el camino, se mancharon honras como la del expresidente de la Confiep . Una vez presentada la acusación, las falencias no hicieron más que crecer.

Las defensas de los 48 imputados, por ejemplo, denunciaron que en la acusación del fiscal Pérez no se especificó qué delitos y hechos se atribuía a cada uno. Este no es un asunto menor, pues los abogados no podían saber por qué señalamientos concretos debían defender a sus clientes. La acusación, además, se presentó cuando todavía quedaban diligencias pendientes, algunas a pedido de las defensas, entre otras cosas.

Así, sorprende no solo que el fiscal Pérez haya presentado una acusación con tantos defectos tratándose de un proceso tan emblemático, sino que el juez Víctor Zúñiga no haya advertido estas deficiencias y haya autorizado el inicio del juicio. No sorprende, en cambio, que en los seis meses que ha durado este, se haya encontrado con tantos traspiés en el y en el propio Poder Judicial.

Lo ocurrido con el Caso Cocteles, en fin, es un jalón de orejas a los fiscales y jueces que permitieron que, con todas sus deficiencias, el caso llegara hasta esta etapa. No es una exageración decir que el encargo les quedó grande y que, en el camino, han deslucido la imagen de profesionalismo y probidad que las instituciones encargadas de perseguir y sancionar el delito deberían mostrar.

Editorial de El Comercio

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