El cordero del JNE

En más de una ocasión hemos expresado en estas páginas que la democracia debe utilizar todas las herramientas legales a su disposición para defenderse y adaptarse cuando sea necesario. Una democracia que prioriza el formalismo sobre su esencia o sobre el sentido común se vuelve, más temprano que tarde, presa fácil de los embusteros, populistas y radicales que simulan respetar las reglas de juego para hacerse del poder.

Eso es, sin embargo, exactamente lo que viene pasando con la inscripción del partido político liderado por Antauro Humala. Esta semana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó una resolución de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (ROP) que declara infundada una tacha contra la inscripción de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, o, por sus iniciales, Antauro.

Las razones del JNE son, francamente, absurdas. En sus redes sociales, la entidad señaló que “los medios probatorios presentados sobre el señor Antauro Humala no son vinculantes a la agrupación, pues de la revisión del acta de fundación y de la consulta al sistema del ROP este no posee la condición de fundador ni miembro de la dirigencia partidaria, sino la de afiliado”. En otras palabras, el partido se llama Antauro, pero Antauro Humala no sería más que un simple miembro, sin mayor injerencia en la organización.

Esto es, por supuesto, ridículo, y debe ser denunciado como tal. El JNE está permitiendo la infiltración de un lobo apenas escondido entre corderos en la base del sistema democrático. Como protagonista de la sublevación militar llamada ‘andahuaylazo’, durante la que se asesinó a cuatro policías, el mayor retirado del Ejército fue condenado a 19 años de prisión (purgó 17 años y siete meses gracias a beneficios del INPE). Humala jamás se ha arrepentido por sus crímenes y desde hace décadas difunde un discurso violento, xenófobo y totalitario. Sus principios están reñidos con cualquier práctica democrática y no tiene mayor empacho en hacerlo explícito a quien se lo pregunte.

Por ello, expertos en la materia han explicado que el JNE debió utilizar los mismos principios básicos que arguyó para denegar la inscripción del Movadef –movimiento fachada de Sendero Luminoso– como agrupación política formal. En particular, la autoridad electoral debió aplicar el artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas que establece que los partidos tienen la obligación de “asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático”, así como “preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos”. Por el contrario, si un condenado por homicidio y secuestro agravado, que además denuesta habitualmente el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, puede formar un partido con su nombre y postular a la presidencia gracias a una burda jugarreta legal, la ley es, entonces, en la práctica, letra muerta.

El error de la inscripción ya no se puede enmendar. Lo que sí se puede evitar es la postulación de Antauro. Desde el Congreso, además, algunos parlamentarios se han apresurado a reactivar el dictamen de la Comisión de Constitución que impediría la postulación a cargos de elección popular de los sentenciados por terrorismo, rebelión, sedición, asesinato y otros..

Con una cancha política para las elecciones del 2026 que se espera aún más fragmentada que la del 2021, y tras la debacle de la elección a presidente de Pedro Castillo, queda la sensación de que eventos fortuitos podrían llevar incluso al candidato más insospechado a pelear la segunda vuelta electoral. En el caso de Humala, tal desenlace sería trágico para el país. Así, con apego a sus propias reglas, el sistema institucional debe cerrar la puerta a aquellos que, luego intentar dinamitarlo desde fuera sin éxito, pretenden ahora hacerlo desde dentro. La democracia debe ser tolerante e inclusiva, pero no puede ser boba.