Ayer este Diario informó en exclusiva acerca de una iniciativa que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) proyecta incluir en el pedido de facultades legislativas que, según anunció la presidenta Dina Boluarte en el mensaje de 28 de julio, el Ejecutivo se dispone a plantearle al Congreso.
La medida, concretamente, propondrá que exista un tope en las multas que los vehículos (primero los de transporte público y, más adelante, también los privados) pueden acumular y que, alcanzado ese límite, estos vayan por fuerza al chatarreo. Tal límite, de acuerdo con los voceros de las autoridades que nos han alcanzado la información, estaría dado por el valor comercial de los automóviles: un dato que puede ser difícil de establecer con precisión.
De cualquier forma, la norma en ciernes sería una manera de imponerles una sanción efectiva a los dueños de tales unidades, al tiempo de retirar de circulación vehículos que no cumplen con las condiciones mínimas para seguir circulando pero que, simplemente, lo hacen. Por el costo de pagarlas, las multas, en general, tienen como propósito surtir un efecto disuasivo en quien comete una infracción. Pero si esas multas no se pagan, la disuasión no se produce. Y eso es exactamente lo que sucede con las ‘combis piratas’ que inundan el transporte público en Lima y otras ciudades del país: se las llena de papeletas que a sus dueños no les hacen ni cosquillas. Ya sea porque cuentan con un ejército de abogados que las impugnan para demorar su pago y permitir que, pasados cuatro años, prescriban, o porque las propias municipalidades otorgan periódicamente amnistías, las multas se apilan y acaban siendo ignoradas.
El informe publicado ayer en este Diario aportó ejemplos pasmosos de unidades que acumularon cifras largamente superiores a lo que podría haber sido su valor comercial hace años y cuyo retiro de circulación habría evitado accidentes y atropellos de espanto, que vale la pena recoger aquí. La cúster de placa M1K-737 debía ya S/1,4 millones en papeletas cuando su chofer, entre el 2015 y el 2019, ocasionó tres siniestros que tuvieron como saldo 20 heridos. Por otro lado, en el 2021, la combi de placa C1Q-372 tenía una deuda de S/163.000 por el mismo concepto, cuando quien la conducía –sin brevete– le pasó por encima a una fiscalizadora, fracturándole una pierna y dándose a la fuga. Y, finalmente, ese mismo año, el bus de placa C2E-759 había acumulado una deuda de S/30.000 en infracciones cuando ocasionó un accidente que dejó dos muertos.
Actualmente, el castigo más severo que puede caer sobre los dueños de automóviles con récords de infracciones impagas como las mencionadas es que sus unidades vayan al depósito y languidezcan en estos lugares hasta el final de los tiempos, porque el costo de retirarlas de allí es superior a la posibilidad de seguir ganando dinero con ellas. El problema, sin embargo, es que en los depósitos dichas unidades ocupan eternamente un sitio. Por lo que estas instalaciones están hacinadas desde hace ya décadas.
Con todo ese cuadro en mente, es obvio que esta propuesta para que exista una especie de multa final que condene a los vehículos reincidentes al chatarreo puede ser un acierto… siempre y cuando se cuiden los detalles legales. Porque, como señaló en el informe divulgado ayer el abogado y fundador de la ONG Luz Ámbar Luis Quispe Candia, “toda infracción tiene un procedimiento administrativo que está definido por ley y un exceso puede hacer que incluso el MTC reciba una demanda judicial”. Es decir, que la autoridad salga trasquilada sin siquiera haber ido por lana.
La idea, pues, no es presentar un proyecto para ganar aplausos fáciles, pero condenado al archivo por su formulación desprolija (sobre todo, teniendo en cuenta que los transportes ‘piratas’ tienen una red de valedores en el Congreso), sino atacar por fin un mal que nos viene costando vidas, accidentes y problemas en el tráfico desde hace ya demasiado tiempo.
