Esta semana personas encapuchadas pertrechadas con palos y piedras recorrieron las calles de La Victoria, El Agustino, Cercado de Lima y Ate con la declarada intención de expulsar a los criminales venezolanos que se dedican al cobro de cupos y a la extorsión de los comerciantes y mototaxistas de dichos distritos. En su camino, quemaron varios vehículos que supuestamente usarían estos malhechores para cometer sus crímenes y –a través de afiches– advirtieron que estas acciones continuarían.
Al día siguiente apareció en las redes un video cuya autenticidad fue confirmada ayer por el general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, en el que aparecen 14 integrantes de Los Gallegos, una organización criminal venezolana que ha echado raíces en nuestro país, anunciando que atacarían a motorizados peruanos en La Victoria en represalia por lo sucedido. La situación, que ha motivado que las autoridades del mencionado distrito limeño soliciten que sea declarado en emergencia, implica un escalamiento de lo que de por sí ya era un desborde de la criminalidad. Las autoridades no deberían menospreciar lo que este cruce de amenazas entre bandas locales y extranjeras significa para la capital ni, por la expansión que han logrado estas últimas, para el resto del país.
Este contexto, sin embargo, encuentra a la presidenta Dina Boluarte de viaje por los Estados Unidos, en una gira que ha comenzado a poner en tela de juicio los motivos por los que el Congreso autorizó el periplo y que ha revelado que, más que en otro país, la mandataria parece hallarse en otro mundo.
El jueves, por ejemplo, la señora Boluarte aseguró durante el Foro de Inversión Responsable organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo que “el Perú ahora es un país que está en calma, que está en paz, luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado”. Su aseveración no podría ser más desafortunada dado el contexto, y uno solo puede presumir que haya brotado de una mente que ignora lo que viene ocurriendo en las calles del país. ¿Qué calma puede haber después de todo cuando grupos criminales amenazan con abrir fuego a los ciudadanos de una determinada nacionalidad, cuando autoridades piden que sus distritos sean declarados en emergencia y cuando se siguen registrado muertes violentas en aquellos que sí lo están?
Ayer, además, la jefa del Estado protagonizó un incidente bochornoso al intentar pasar como “reunión bilateral” lo que a todas luces fue un encuentro anecdótico con el presidente estadounidense Joe Biden. El episodio podría pasar como un desliz si no fuera porque pareció premeditado y porque no es la primera vez que ocurre. Premeditado porque ya desde la mañana varios periodistas habían advertido sobre la circunstancia de que mientras la cancillería peruana anunciaba una supuesta reunión entre Boluarte y Biden como parte de la agenda del día, la de su par estadounidense no la mencionaba. Y porque, además, ya en noviembre la presidencia había intentado pasar como una cita formal entre ambos mandatarios lo que no fue más que un encuentro para la foto.
El suceso es particularmente grave porque la presidenta usó el argumento de una supuesta cumbre con el inquilino de la Casa Blanca para lograr que el Congreso autorizara su salida del país y el propio jefe del Gabinete, Alberto Otárola, anunció en TV Perú que esta sí se llevaría a cabo. Por ello, ayer varios parlamentarios exigieron explicaciones al respecto e incluso solicitaron la renuncia de la canciller Ana Cecilia Gervasi.
Ni ha sostenido, así, una reunión bilateral con su homólogo estadounidense ni gobierna un país en paz y en calma. Si la intención del Ejecutivo con esta gira era proyectar una imagen confiable ante la región, parece claro que solo logrará lo contrario. Después de todo, pocas cosas hay menos confiables que la palabra devaluada de una autoridad política.