En la prisión del tráfico

La lucha contra la inseguridad ciudadana ha sido, con justicia, el tema al que más se han referido las autoridades municipales de Lima en los últimos meses. Sin embargo, es la situación del tráfico en la capital sobre la que tienen mayores competencias y la que se halla, también, totalmente desbordada.

De acuerdo con el último ránking de la empresa TomTom, destacado ayer en este Diario, Lima es la ciudad del mundo en la que más horas se pierde por el tráfico entre más de 500 urbes evaluadas. En acumulado, según el informe, el limeño promedio pasa cerca de 155 horas al año atrapado entre humos, carros, buses y motocicletas. En ciudades pares de la región, como Santiago de Chile y Buenos Aires, no se llega a las 100 horas. De forma complementaria, ECData encontró que, en avenidas como Javier Prado o Panamericana Norte, el trayecto puede durar hasta una hora extra en momentos de alto tráfico. Este primer lugar global debería ser motivo de vergüenza –sobre todo para una ciudad de más de 10 millones de personas en un país de ingreso medio– y a la vez un serio llamado a la acción.

Vale recordar que, en diciembre pasado, el Banco Central de Reserva del Perú recordó que “desplazarse en Lima en hora punta en el 2022 tomó 1,5 veces más tiempo que hacerlo en condiciones de tráfico fluido, ratio superior al de Buenos Aires, Brasilia, Ciudad de México y Montevideo”, y estimó que el costo anual del tráfico en la capital es de cerca de 2,4% del PBI nacional. Esto es como resultado del costo de combustible adicional y de las horas extra utilizadas en el desplazamiento.

De acuerdo con expertos, entre las principales causas están la falta de fiscalización sobre las reglas de tráfico (por ejemplo, vehículos que descargan mercadería en zonas restringidas), la carencia de infraestructura que acomode los nuevos flujos de tráfico, y el transporte público deficiente. Las demoras en la ejecución de obras civiles son absurdas (el acceso al nuevo aeropuerto de Lima es apenas un ejemplo entre varios), y la labor de regulación –incluyendo el trabajo de la ATU– ha dejado mucho que desear en los últimos años.

A largo plazo, desplazamientos más cercanos entre domicilios, centros de trabajo, de esparcimiento y de estudios mejorarían considerablemente la situación. Pero mientras eso sucede, las autoridades municipales y nacionales no pueden seguir de espaldas a los millones de ciudadanos que pierden horas de su vida diariamente en trasportes lentos, contaminantes y ahora, además, inseguros.