La profecía de Santiváñez

Los asesinatos por extorsión o ajuste de cuentas se han desatado de tal manera en la capital que resulta difícil llevar la cuenta. A los ataques de sicarios asociados al transporte del último mes han venido a sumarse recientemente el acribillamiento de un hombre que iba por la avenida Camino Real (San Isidro) en su automóvil y el de dos menores que circulaban de madrugada por la avenida Argentina, en el Callao. Si la situación era ya crítica hace tiempo, ahora se ha convertido en una ola gigantesca que amenaza con arrasarlo todo ante la mirada impávida de las autoridades.

Ante este incremento de la violencia criminal, sin embargo, el Ejecutivo no ha tenido mejor idea que declarar el estado de emergencia en 13 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao. Dicha medida, sin embargo, ya se decretó el año pasado en varios distritos de la capital y en Piura, y la delincuencia continúa haciendo de las suyas e incluso podría decirse que ha redoblado sus empeños. Así que, ¿por qué tendría que funcionar ahora lo que antes falló?

Desde el Gobierno no se ha dado una respuesta clara a esta pregunta. Lo que hemos tenido más bien es al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que –forzado por las circunstancias– ha dicho esta vez que, si las medidas no funcionan, dará un paso al costado. Y la emergencia es por 60 días. Habida cuenta de los cuestionamientos que pesan sobre él (entre ellos, nada menos que investigaciones del Ministerio Público en su contra), no sería una mala idea en realidad ganar tiempo y provocar el cambio antes. Sin embargo, eso probablemente no va a ocurrir y habrá que esperar a que el plazo se cumpla antes de poder siquiera soñar con un cambio en la pesadilla de inseguridad que vivimos.

Porque, aunque las palabras de Santiváñez quieran dar la impresión de que el Gobierno confía en la efectividad de la medida, la verdad es que esta no parece haber venido acompañada de un trabajo de inteligencia previo que permita aprovechar la suspensión de garantías que comprende, como varios expertos han anotado, por lo que queda la sensación de que se está apelando a ella solo para ganar tiempo. Tarde o temprano, no obstante, el plazo se cumplirá y el ministro del Interior tendrá que hacerse responsable de sus palabras.