Humala en la recta final

Cuando Jorge Barata dijo, en 2017, que Odebrecht donó US$3 millones para la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011, el hecho fue inmediatamente negado tanto por el expresidente como por su esposa, Nadine Heredia. Ella habría recibido la mayor parte del dinero en un departamento de Miraflores. La negativa era poco creíble, y los abogados de la pareja aseguraron que, “en el supuesto negado” de que la entrega hubiera ocurrido, no constituía delito. Esta versión se ha extendido hasta el 2025, cuando finalmente un tribunal resolverá si los Humala son culpables de haber lavado dinero, como sostiene la fiscalía. Para ello deberá considerar probadas, tanto la entrega de los fondos como su procedencia criminal.

Las consecuencias irán más allá de lo que atañe a los imputados. Porque será el primer juicio que determinará si la donación para una campaña era lavado de activos antes de que fuera aprobada la Ley 30997 sobre financiamiento prohibido de partidos, en el 2019. Por supuestas donaciones de Odebrecht están enjuiciados dirigentes de Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Renovación Popular (ex Solidaridad Nacional), Apra, Fuerza Social. Una sentencia en cualquier sentido influirá sobre todo en el Caso Cocteles, tanto más cuanto que es el mismo tribunal. Un aspecto peliagudo es que el Ministerio Público pidió disolver el Partido Nacionalista, con similar pretensión para con otros partidos imputados por el delito. La sentencia creará un precedente.

Los Humala pretendieron sustraerse al juicio aduciendo improcedencia por ausencia de norma específica durante el período analizado. El recurso fue rechazado en dos instancias. En el 2022, la Corte Suprema estableció que las donaciones para una campaña electoral previas a la Ley 30997 sí pueden ser lavado de activos. Dependerá de lo demostrado en el juicio, dijo. La sentencia para el expresidente y su esposa evaluará pruebas originadas en el Caso Lava Jato, donde se produjo la confesión de los ejecutivos de Odebrecht. En este terreno aparecieron sorpresas.

El fiscal Germán Juárez Atoche había cumplido el requisito de probar la procedencia ilícita de los fondos. Mostró en el juicio la sentencia del juez Sergio Moro contra Marcelo Odebrecht, al que en el 2016 condenó por pago de sobornos desde la famosa Caja 2. Sin embargo, en el 2024, el Tribunal Supremo de Brasil anuló las sentencias del Caso Lava Jato. Los procuradores y el juez se habían confabulado. Con este gol en contra, la munición del fiscal consiste en declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht brindadas en el marco de una colaboración eficaz, con la presencia de abogados de los Humala. Estas declaraciones convergían con la versión de Barata, aunque nadie precisó cómo llegaron los fondos.

Marcelo Odebrecht dijo que ordenó dar dinero a Ollanta Humala por pedido del Partido de los Trabajadores (PT) a través del diputado Antonio Palocci. Habló para tal efecto con Luiz Mameri, vicepresidente de América Latina. Mameri declaró que instruyó a Jorge Barata. Cuando se produjeron estos interrogatorios ya se conocía el contenido de una hoja de cálculo extraída de un correo electrónico intervenido, refiriendo pagos encargados directamente por el dueño de la compañía. Bajo el título “Posición Italiano” figuraba “OH” y, al costado, la cifra 4′800.000 expresada en reales (equivalían a US$3′000.000). Odebrecht declaró que OH era Ollanta Humala y que los números correspondían al dinero que le entregaron. La hoja de cálculo reflejaba pagos que ordenaba para el PT. El “Italiano” era Palocci, su enlace con el partido.

También declararon operadores de la División de Operaciones Estructuradas (Caja 2), Hilberto Silva y Fernando Migliaccio, quienes pagaban sin saber a quién. Dijeron que ellos actualizaban la hoja de cálculo de Odebrecht con el PT. Barata, a su vez, dijo que entregó parte del dinero en Brasil, al publicista Valdemir Garreta, y luego en Lima, en varias armadas, a Nadine Heredia. Garreta ha confirmado lo suyo ante un fiscal peruano. Inicialmente estuvo pagado por la constructora brasileña OAS, según la imputación, y después pasó a cobrar de Odebrecht en Sao Paulo. Garreta dice haber recibido un total de US$986.000 en efectivo de ambas empresas, según acuerdo con los Humala, y que le quedaron debiendo medio millón de dólares. Los había pactado como honorario de éxito.

Los exdirectivos de Odebrecht no declararon en el juicio por una prohibición expresa de la justicia brasileña. Lo cual restó impacto a los testimonios brindados previamente. La fiscalía tampoco pudo lograr que el tribunal aceptara la declaración del exfiscal suizo Stefan Lenz, que incautó en su país los softwares del pago de sobornos de Odebrecht. Debía explicar el complejo funcionamiento de los programas. Ahora solo falta que los jueces decidan. ¿La ruta del dinero está suficientemente acreditada con pruebas de Brasil que fueron declaradas inválidas? ¿Es definitivo el testimonio de Barata sobre la entrega a Nadine Heredia de maletines con dólares que le eran enviados de Brasil? Los intermediarios que le traían el dinero a Barata no han sido identificados.

En estos juicios los magistrados examinan si los imputados podían presumir que recibían dinero ilícito. Así establecen si hubo “dolo eventual”, coadyuvante a una condena. Ciertamente podían percibirlo los Humala. ¿Por qué les daban dinero en forma clandestina? (Según Barata, se veía con Heredia sin testigos). Por otra parte, Odebrecht sostuvo que fue Palocci quien lo solicitó. ¿La plata cayó del cielo o los Humala se lo pidieron a Lula? ¿No era evidente la conexión corrupta entre el PT y la compañía que daría el dinero?

La defensa alega que en el 2011 los estándares éticos de Odebrecht estaban altamente reconocidos en el Perú. En el juicio presentó “Perú&Lex”, un libro editado por el Poder Judicial en el 2014, cuando Enrique Mendoza era presidente de la Corte Suprema. Con un prólogo de Javier Pérez de Cuéllar y la tutoría de juristas muy decentes, contenía artículos sobre la estabilidad jurídica que el Perú brindaba a las inversiones extranjeros. En el capítulo “Testimonios de confianza”, aparecía el de Jorge Barata, en compañía de líderes empresariales intachables. El libro apareció en abril de aquel año. Un mes antes había estallado el Caso Lava Jato, aún sin Odebrecht como implicada.

Otra parte de la acusación presume lavado de dinero proveniente de las arcas de Hugo Chávez. Los fundadores el Partido Nacionalista lo habrían empleado en la campaña electoral del 2006 y en el incremento de su patrimonio familiar. La teoría fiscal sostiene que Nadine Heredia simuló contratos por servicios nunca prestados, empleó empresas ficticias, inventó aportantes y realizó maniobras de conversión típicas del delito. Ella ha aceptado que algún dinero proveniente de una empresa venezolana era para la campaña política. Hay un desbalance de ingresos, la hipoteca de una casa pagada antes de lo previsto, agendas personales con inscripciones comprometedoras, falsos aportantes del Partido Nacionalista en las declaraciones a la ONPE. Sin duda, hay delitos colaterales. En cuanto a la ruta del dinero, ha reaparecido un examigo de los Humala, quien dice haber sido traicionado y es colaborador eficaz.

Martín Belaunde Lossio afirmó que la ex encargada de negocios de Venezuela en el Perú, Virly Torres, le dijo que entregó US$850.000 llegados de Caracas por DHL para la campaña de Humala. Además, que él recibió de Torres, en dos ocasiones, dinero en mochilas para el mismo fin. Podría ser. Pero considerando que los Humala están en el banquillo por lavado de activos, ¿cómo demostrar que los recursos procedían de una actividad criminal? La imputación habla genéricamente de corrupción. Desde luego que la hubo en la Venezuela del chavismo. Solo que la fiscalía debería haber sido más específica.