Dos afirmaciones falsas y una peligrosa rondan el ambiente político actual.
1. Hay persecución política en el Perú. Ollanta Humala y Nadine Heredia pasaron casi un año presos, se necesitó una sentencia del Tribunal Constitucional para que recuperaran su libertad. Susana Villarán no puede salir del país y tiene sus bienes congelados; la misma situación es la del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien le allanaron su domicilio a dos días de haber renunciado a la presidencia. Keiko Fujimori cumple una desproporcionada prisión preventiva, Alan García busca asilo en Uruguay y sobre Alejandro Toledo pesa un pedido de extradición. Para que exista represión política una persona tiene que ser perseguida, reprimida y castigada por sus ideas, por su militancia o por sus actos políticos. En este caso tenemos un grupo importante de políticos a los que lo único que los une es la sospecha de haber recibido dinero ilegal de la empresa Odebrecht. La investigación, señores, no es persecución.
2. El presidente ha copado los poderes del Estado. Martín Vizcarra tiene el apoyo de la población, que siempre puede ser efímero y volátil. En el Congreso sigue teniendo una bancada famélica y poco representativa. El Ministerio Público sigue en manos del fiscal Pedro Chávarry que se ha atrevido a amenazarlo en más de una oportunidad. El Poder Judicial, donde se han tomado medidas extremas como las prisiones preventivas, ha sido corregido por las instancias superiores o por el Tribunal Constitucional. En realidad, Vizcarra está tan en la cuerda floja como los demás, si algo le sale mal y su popularidad cae, no habrá quien lo sostenga.
3. La justicia se está volviendo un espectáculo. Figuras tradicionalmente vistas con malos ojos como jueces y fiscales tienen hoy dos representantes que están a punto de ser elevados a categoría de superhéroes. José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho son una dupla de oro que le ha devuelto la esperanza a la población de que la justicia no es una ilusión. El fiscal Pérez muestra un apasionamiento por su trabajo que ya quisiéramos encontrar en muchos de sus pares a los que les toca ver casos de violación y feminicidios. El juez Concepción Carhuancho, acusado de ser canero, puede equivocarse, y de hecho lo hace, pero actúa con una independencia a prueba de balas. Sin embargo, el trabajo de los fiscales y los jueces no es ser populares sino impartir justicia. Y en este punto ambos profesionales deben evaluar si están tomando las medidas apropiadas o si se están dejando ganar por la seducción del titular, el flash de la cámara o el aplauso del público. La libertad de un ser humano y su derecho a la defensa deben estar garantizados y por más que queramos ver a todos los corruptos ahorita mismo en la cárcel hay reglas y procesos que deben respetarse. De lo contrario les estaremos dando excusas a los que quieren gritar “golpeeee”, para esconderse tras las cortinas de una embajada.