En un informe desarrollado por el GDA y publicado por El Comercio, se detalla que, “de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, el Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100%”.
Esto nos demuestra el problema que hoy afecta a la población penitenciaria en el Perú: el hacinamiento por el que la mayor parte de los presos tiene que convivir en una situación muy precaria, sin espacios de esparcimiento y sin sitios adecuados para dormir. Además de ello, es la propia población penitenciaria la que tiene que buscar cómo alimentarse y está el hecho de que los que tienen los mayores privilegios son los “faites” o dueños de los pabellones, que son quienes controlan cada espacio del penal. Esta situación ha dado lugar a la emisión de sendos reportajes televisivos sobre la situación inhumana que atraviesa la mayoría de los presos en el Perú, pero hasta el día de hoy no hay ninguna acción de solución.
Incluso la Defensoría del Pueblo emitió el Informe 113 sobre la problemática de los centros penitenciarios, tildando la situación de los reos en el Perú como “inconstitucional”, porque se están afectando todos los derechos de los reclusos, y llamando la atención de las diferentes autoridades para que adopten medidas que permitan superar la situación indignante que exhibe este importante componente de la justicia penal.
Según el GDA, el Perú atraviesa una crisis estructural y esto se refleja en el hecho de que, en el 2023, la sobrepoblación carcelaria superó el 100%. Hoy hay un total de 89.877 reos en el Perú, cuando solo se tiene espacio para 41.018 reclusos. A esto se suma una infraestructura deficiente o deteriorada y un déficit de profesionales de tratamiento penitenciario o médico, lo que impide una atención adecuada de las necesidades básicas y hace irrealizable el mandato resocializador de la prisión que la Constitución establece.
Son constantes las declaraciones de reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para cambiar esta crisis, pero, lamentablemente, todo sigue igual. Se habló desde el Gobierno de la construcción de cárceles, pero creo que la solución va más por los procesos judiciales, porque, según un informe, cerca del 48% de presos no tiene sentencia. ¿Cuántos presos inocentes pueden estar purgando su condena sin ser sentenciados? Debemos empezar a pensar en ello, porque la sobrepoblación penitenciaria en el Perú afecta el derecho primordial del ser humano: la dignidad.
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