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Áncash: sentencian a dos años de prisión efectiva a César Álvarez

Juzgado Anticorrupción de Chimbote lo declaró culpable del delito de malversación por irregularidades en la ejecución de tres obras públicas en la región

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Álvarez deberá cumplir el fallo en el penal de Piedras Gordas (Lima), donde cumple prisión preventiva por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado. (Foto: Dante Piaggio / El Comercio).

El Comercio

El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, fue condenado a dos años de prisión por haber malversado el presupuesto de tres obras públicas de la provincia del Santa.

El Sexto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa halló responsable a Álvarez Aguilar del delito contra la administración pública en la modalidad de malversación de fondos y dispuso que pague una reparación civil superior a los S/300 mil en favor del Estado.

Según la investigación, el ex gobernador dispuso en el 2013 que el presupuesto económico de más de S/13 millones destinados a la ejecución de obras de agua y alcantarillado en la urbanización Bellamar, el mejoramiento del colegio inicial 1537 del pueblo joven Villa María (Nuevo Chimbote), y la posta de salud de Magdalena Nueva (Chimbote), fueran a nuevos proyectos, dejando inconclusas a estas obras.

Para la Procuraduría Anticorrupción del Santa, este hecho generó que los trabajos fueran abandonados por las empresas constructoras y provocaran daños a los vecinos y escolares de estas zonas. Tanto, así que la segunda obra recién fue culminada en abril pasado, durante la gestión de Luis Gamarra.

Tras un juicio oral, el juez Joseph Arequipeño Ríos decidió condenar a Álvarez Aguilar, quien deberá cumplir el fallo en el penal de Piedras Gordas en Lima, donde también cumple prisión preventiva desde mayo del 2014 por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado.

Vale precisar que César Álvarez afronta varios juicios, entre ellos uno por su presunta participación en el crimen del ex consejero regional Ezequiel Nolasco, ocurrido en marzo del 2014. El Ministerio Público ha pedido 35 años de prisión en su contra.

La ex autoridad, además tiene pendiente investigaciones por el caso La Centralita, el homicidio de Hilda Bracamonte, y otros procesos judiciales por corrupción.

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