Registros Públicos confirma que el auto que arrolló a Lizeth sigue a nombre de Marisel Linares: evidencia complica situación de periodista

La notaría emitió un comunicado en el que precisó que no existe en su archivo escritura pública ni acta de transferencia —gratuita u onerosa— respecto al vehículo de placa C4L-243. El documento, firmado por el notario Donato Hernán Carpio Vélez, fue difundido luego de que circulara un escrito fechado el 18 de septiembre de 2025 en el que se afirmaba que Linares había donado el automóvil a Villar.

“No obra en nuestro archivo notarial escritura pública o acta de transferencia entre las personas mencionadas donde se esté entregando la propiedad a título gratuito u oneroso del vehículo de placa C4L-243”, señala el pronunciamiento.

Además, una revisión efectuada el 27 de febrero en Registros Públicos por la Unidad de Investigación de El Comercio no solo confirmó que el vehículo implicado en el atropello (placa C4L-243) sigue inscrito a nombre de Linares, sino que además figuran otros cinco automóviles también bajo su titularidad, todos en condición activa y en circulación.

Se acuerdo con la consulta registral actualizada, los siguientes vehículos aparecen aún como propiedad de Marisel Linares, incluso aquel de placa C4L-243:

El dato resulta clave porque contradice la versión pública según la cual el automóvil ya no estaba en su poder. Legalmente, al menos hasta el 27 de febrero, la titularidad no ha cambiado.

La revisión histórica muestra que el vehículo de placa C4L-243 fue adquirido en 2012 por Rubén Villar, padre de Adrián. Tres años después, en 2015, fue vendido a Linares. Desde esa fecha no figura ninguna transferencia adicional en los registros oficiales.

Ese detalle es relevante para la investigación fiscal, pues refuerza que al momento del atropello la propiedad seguía formalmente bajo el nombre de la periodista.

En paralelo, Linares ha sido incorporada al proceso en calidad de investigada por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado. Según el abogado de la familia Marzano, Carlos Grados, la periodista ha sido citada a declarar ante la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la PNP el próximo 3 de marzo.

Grados ha señalado que aún existe un vacío de información en la secuencia de hechos, especialmente entre la salida de Villar de un restaurante y el momento del impacto, ocurrido alrededor de las 11:20 p.m. en la cuadra 9 de Camino Real.

El caso también ha abierto una línea de indagación interna en la Policía Nacional. El inspector general de la PNP, Augusto Ríos Tiravanti, confirmó que seis efectivos son investigados para determinar si existió omisión de funciones.

Según explicó, a las 3:12 a.m. del 18 de febrero se reportó un “disturbio” en un parque de San Isidro. Un patrullero acudió horas después y se levantó un parte policial tras conversar con el conserje de un edificio cercano. El supuesto disturbio habría sido, en realidad, una reunión en la que participaron Linares, Adrián Villar, su padre, Francesca Montenegro y el padre de esta última.

Imágenes difundidas por ATV revelaron además que, en su trayecto hacia esa reunión, Villar y Linares pasaron por la zona donde ocurrió el atropello.

En los últimos días, Linares reapareció en el edificio donde trabaja el abogado penalista César Nakazaki, hecho reportado por Perú21. A ello se suma la difusión de un audio atribuido a Rubén Villar en el que, según su contenido, reconoce que su hijo fue quien causó la muerte de Marzano.

Adrián Villar fue detenido preliminarmente y es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. De acuerdo con el abogado penalista Julio César Espinoza, una eventual condena podría alcanzar alrededor de 15 años de prisión, dependiendo de cómo se configuren las agravantes.

El núcleo de la controversia radica en la aparente contradicción entre la versión pública de Linares —quien sostuvo que el vehículo ya no estaba en su poder— y la información registral que la mantiene como propietaria formal de la unidad.

En un proceso penal donde la reconstrucción cronológica y la determinación de responsabilidades son esenciales, la titularidad del vehículo no es un detalle menor. Tiene implicancias civiles, patrimoniales y eventualmente penales, según expertos.

Mientras la Fiscalía avanza en diligencias y la Inspectoría de la PNP amplía su investigación a seis efectivos, el caso que comenzó como un trágico accidente de tránsito se ha convertido en un expediente complejo, con aristas que incluyen posibles encubrimientos, actuaciones policiales cuestionadas y contradicciones documentales.