Congreso de la República: Las claves del proyecto de ley que aprueba el bachillerato automático

Los estudiantes que hayan culminado su etapa universitaria durante el 2020 y este 2021 podrán obtener el grado de bachiller de manera automática. Esto, luego de que el Pleno del Congreso aprobara el jueves 11 de marzo, el proyecto de ley 5640/2020-CR.

Con 99 votos a favor, uno en contra y una abstención, se admitió que los alumnos que hayan aprobado el pregrado en universidades públicas y privadas durante estos dos últimos años, sean exonerados de la presentación y aprobación del trabajo de investigación, así como del requisito de un idioma.

MIRA: Congreso aprobó ley que otorga bachillerato automático a universitarios en el 2020 y 2021

Cabe precisar que la aprobación de la ley 5640, es de carácter “excepcional y transitorio” por los efectos del COVID-19 y solo regirá para los estudiantes egresados en los años ya señalados. En la siguiente nota te explicamos el camino que siguió el controversial proyecto legislativo y las posturas que exministros de Educación tienen sobre el bachillerato automático.

Propuesta del proyecto de ley 5640

El 26 de junio del 2020, la congresista de Acción Popular, Rosario Paredes Eyzaguirre, presentó el proyecto de ley 5640/2020-CR que planteaba agregar la disposición complementaria transitoria décimo cuarta, a la ley 30220, la Ley Universitaria.

Esta disposición planteaba que los estudiantes de las universidades públicas y privadas, que culminen sus estudios en los años 2020 y 2021, puedan acceder de forma automática al grado de bachiller, siendo exonerados de la presentación del trabajo de investigación.

Recordemos que el bachillerato automático ya había sido eliminado con la nueva Ley Universitaria que entró en vigencia el 10 de junio del 2014 con el objetivo de promover la calidad educativa.

Según la parlamentaria, la presentación de su proyecto de ley se sustentaba en que los estudiantes se han visto afectados por el contexto que vivimos debido a la pandemia de COVID-19. Esto —dice— ha dificultado la realización del trabajo de investigación exigido en el reglamento.

Adicionalmente, a esto se suma —señala el documento— el aislamiento y distanciamiento social obligatorio que imposibilita o dificulta el acceso a las bibliotecas y laboratorios, recolección de datos y trabajos de campo; además, ha afectado la economía familiar.

Justificación de su propuesta

Rosario Paredes justifica su proyecto de ley en la medida de que se trata de una norma de carácter transitorio, que se encuentra orientada a reducir los efectos negativos que ha originado el coronavirus.

En ese sentido, su norma beneficiaría —dijo— a un aproximado de 89 mil estudiantes a nivel nacional, quienes podrán obtener el bachillerato automático. No obstante, dejó claro que el proyecto no significa un riesgo a las reformas de calidad universitaria que emprendió la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ni impactaría en el mantenimiento de las Condicionas Básicas de Calidad que deben cumplir las universidades para obtener el licenciamiento.

Aprobación del dictamen

El 1 de julio del 2020, el proyecto de la legisladora, fue derivado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para su estudio y dictamen correspondiente.

Posteriormente, el 13 de noviembre, la referida comisión aprobó con 10 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones el texto sustitutorio que admitía el bachillerato automático para los estudiantes universitarios egresados en los años 2020 y 2021.

MIRA: Comisión de Educación aprueba dictamen a favor de otorgar el bachillerato automático para egresados del 2020

De acuerdo con el expediente, los legisladores que votaron a favor de la propuesta fueron: Carmen Núñez Marreros y Julia Ayquipa Torres (Frepap), José Luis Ancalle Gutiérrez (Frente Amplio), Carlos Pérez Ochoa, Walter Jesús Rivera y Freddy Llaulli Romero (Acción Popular), Javier Mendoza Marquina y Rubén Ramos Zapana (UPP), Fredy Condori Flores (APP) y Gilbert Alonzo Fernández (Fuerza Popular).

Se abstuvieron los congresistas Irene Carcausto Huanca (APP), Marco Pichilingue Gómez (Acción Popular) y Napoleón Puño Lecarnaqué (APP).

La única que votó en contra de la iniciativa fue la parlamentaria del Partido Morado, Zenaida Solís Gutiérrez.

Es preciso añadir que, en una sesión anterior, el congresista Napoleón Puño Lecarnaqué del partido Alianza para el Progreso (APP) sugirió que también puedan ser incluidos los estudiantes que culminaron sus estudios en el 2019. Sin embargo, no fue admitido.

Posturas en contra

En el expediente del dictamen, se indica que se solicitó la opinión del entonces ministro de Educación, Martín Benavides; de Oswaldo Zegarra, superintendente de la Sunedu; y otras autoridades de educación superior.

Al respecto, el Ministerio de Educación consideró que la propuesta legislativa “no resulta viable porque flexibiliza los criterios de formación de calidad, centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de pregrado, contraviniendo lo dispuesto en la Ley N°30220, Ley Universitaria”, se lee en el documento. Es decir, no estaba de acuerdo con la propuesta, ya que atenta contra el espíritu de la Nueva Ley Universitaria.

La respuesta de dicho ministerio continúa: “La propuesta legislativa no toma en cuenta la actividad de investigación en el ámbito universitario, la cual promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa”.

Por su parte, la Sunedu respondió: “La realización de los trabajos de investigación para optar por algún grado o título académico, de ninguna manera se han restringido por la pandemia, sino que por el contrario […] se viene cautelando que el servicio educativo se brinde con calidad necesaria y sea llevado de manera adecuada sin interrupciones o situaciones que perjudiquen al estudiante universitario”.

Pese a ello, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó el dictamen y luego pasó al pleno para ser finalmente aprobado o rechazado.

Junta de Portavoces

El 27 de febrero del 2021, el congresista Mariano Andrés Yupanqui Miñano —de la bancada Descentralización Democrática— envió el Oficio CR-MAYM N°645-DSP-2020-2021 a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, para que someta a Junta de Portavoces el dictamen aprobado y sea debatido en el pleno del Congreso.

Según se lee en el oficio, el despacho de Yupanqui Miñano recibió un memorial firmado por Luis Andrés Romero Bernal, quien, en representación de la Facultad de Ciencia Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, solicitaba con “suma urgencia” se priorice el proyecto de ley 5640/2020-CR.

Aprobación en el pleno del Congreso

Finalmente, el Congreso de la República aprobó el 11 de marzo, el proyecto que autoriza que los estudiantes universitarios que egresaron durante los años 2020 y 2021 alcancen el grado de bachiller de manera automática sin presentar ningún trabajo de investigación.

Durante el debate se pidió pasar a un cuarto intermedio para recoger las observaciones y sugerencias respecto a la iniciativa legislativa, ya que algunos congresistas, entre ellos Daniel Olivares y Martha Chávez, pedían que se precise mejor la disposición complementaria que iba a ser incluida a la Nueva Ley Universitaria.

Posterior a ello, cerca de las 5:30 p.m. inició con la votación. El texto sustitutorio del proyecto de ley 5640 fue aprobado, inicialmente, con 101 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Minutos después, el referido texto se exoneró a segunda votación con 99 votos a favor, uno en contra y una abstención.

El artículo único del proyecto aprobado señala la incorporación de la disposición complementaria transitoria décima cuarta a la Ley 30220, Ley Universitaria.

Allí se refiere que los estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales, tanto universidades públicas como privadas, durante los años 2020 y 2021 accederán a su solicitud y en forma automática a la obtención del grado académico de Bachiller, exonerándoseles de los requisitos establecidos en el numeral 45.1 del artículo 45 de la Nueva Ley Universitaria.

Opiniones de especialistas

Respecto al tema, el exministro de Educación Idel Vexler manifestó estar de acuerdo, en cierta parte, con la aprobación del proyecto de Ley 5640. Su postura es —dice— “humanista dado el contexto de emergencia”.

“A mi no me resulta descabellado este proyecto de ley. Estoy de acuerdo siempre y cuando sea estrictamente riguroso para los estudiantes que terminan estos dos años [2020 y 2021], nada más”, declaró a El Comercio.

No obstante, expresó su discrepancia en que se exonere el idioma. “Yo solo estoy de acuerdo en que se exonere el trabajo de investigación por las dificultadas presentadas, más no el idioma, porque ese es un requisito que se ha podido estudiar a distancia”, manifestó a este Diario.

Vexler explicó que su postura se basa teniendo en cuenta las dificultades socioeconómicas, epidemiológicas; el funcionamiento de las instituciones, el problema de la asesoría, la situación socioemocional de los jóvenes; ya que muchos —recordó— se han enfermado y otros han perdido a familiares y sus trabajos.

En ese sentido, sostuvo que no le parece una medida desproporcionada si es excepcional. Sin embargo, dijo: “Si fuera una decisión definitiva para cambiar la ley, ahí no estoy de acuerdo. Estaría muy mal. Eso conllevaría a que hay una decisión de querer bajar la calidad en la formación profesional de los estudiantes universitarios”.

El extitular de la cartera de Educación agregó: “Yo hubiese preferido que estos dos años los estudiantes no se gradúen con bachillerato automático, pero las circunstancia son graves. El sistema educativo 2020 ha funcionado a medias y este año están empezando con una pandemia muy alta”.

Por su parte, el exministro de Educación Daniel Alfaro considera que el proyecto “pretende” dar una respuesta rápida a los problemas que ha traído la pandemia, pero —dice— debería tener algunas mejoras y ser replanteado.

“El proyecto se justifica en que es difícil para los alumnos hacer el trabajo de investigación por las restricciones sociales que existen. Sin embargo, en educación los costos siempre son de largo plazo. Cuando uno elimina la obligación de hacer el trabajo de investigación está cortando un proceso formativo que busca en ese trabajo desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Es decir, la capacidad de contrastar diferentes fuentes de información para generar una opinión propia”, dijo.

Razón de ello, Alfaro indicó que “se estaría perdiendo esa capacidad, por lo tanto, la calidad de aprendizaje estaría disminuyendo. En mediano y largo plazo podría disminuir la exigencia y la calidad educativa de estos egresados”.

MIRA: La reforma interrumpida, por Daniel Alfaro

Otro de los efectos negativos, en menor medida, que puede traer la eliminación del trabajo de investigación —sostiene el exministro— es que “se puede generar una percepción en los empleadores de que los egresados del 2020 y 2021 tendrían menos calidad educativa que los egresados de otros años, en la medida que no han elaborado el trabajo de investigación. Esto podría generar una suerte de estigma en estos egresados [2020 y 2021]”.

Bajo esta lógica, Daniel Alfaro considera que “los costos son mayores que los beneficios”, por eso recomienda que la norma tendría que ser sujeta a mejoras.

“Creo que un punto medio y una oportunidad de mejora en el proyecto de ley, podría ser no eximir totalmente de esa responsabilidad [exonerar el trabajo de investigación]. Es decir, si el alumno desea hacer su trabajo de investigación que la universidad lo pueda acompañar en ese proceso”, recomendó.

Agregó, además, que en ese proceso “se debe encontrar un justo medio porque el alumno no está en condiciones económicas para hacer esos pagos adicionales que se necesita para el trabajo de investigación”. Daniel Alfaro añadió que la iniciativa legislativa está respondiendo más a la coyuntura.

“Si hubieran eliminado el bachiller automático para todos los años claramente sería una vulneración a la reforma universitaria. ¿Por qué? Porque una de las condiciones básicas de calidad que se promueve a partir de la reforma es la investigación. Pero al temporalizarlo al 2020 y 2021 se entiende que solo es una respuesta a la pandemia”.

El especialista en el ámbito educativo resaltó un dato importante: La cantidad de proyectos de investigación que se realizaron del 2010 al 2014, en comparación con la cantidad del 2015 al 2019, han crecido al 114%, según Alfaro.

“Eso es gracias a las condiciones de exigencia que tiene la ley de reforma universitaria. Y no solo es positivo porque mejora la generación propia del conocimiento en el país, sino también que ayuda a que la educación superior peruana esté mejor en el ranking de la competitividad que tenemos con otras universidades del mundo, ayuda a posicionarnos mejor en el extranjero”, finalizó.

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