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El titular de la Tercera Fiscalía Penal de Huancayo, Carlos Carhuancho, dispuso que miembros del Equipo Forense Especializado (EFE) lleguen a la zona conocida como Saigón –ubicada en la provincia de Pangoa– para investigar la existencia de fosas comunes.
Y es que según los testimonio de pobladores, autoridades e indígenas asháninka, en esta recóndita zona de la selva de Junín existiría una fosa común con los restos de víctimas de Sendero Luminoso.
“Nosotros hemos recibido la orden del fiscal y por ello un antropólogo forense llegará a Saigón para realizar trabajos exploratorios. Si se encuentra la evidencia de entierros clandestinos se preparará todo para una posterior exhumación”, aseguró Iván Rivasplata, jefe del EFE.
Según el antropólogo, es la primera vez en los diez años de creación del EFE que miembros de este equipo llegará a territorio netamente asháninka. “Hemos realizado trabajos en las zonas aledañas a Pangoa pero nunca en el corazón del río Ene. No hay que olvidar que Saigón se encuentra en medio del Vraem y en dicha zona todavía existen remanentes de violencia”, remarcó Rivasplata.
BUSCAN SER REIVINDICADOS
Para los representantes del pueblo asháninka, el Estado tiene una deuda grande con esta comunidad nativa. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala que solo en la cuenca del río Ene desaparecieron 30 comunidades y otras 14 fueron desplazadas de la zona conocida como Alto Tambo, cerca de la frontera de Junín con Ucayali.
Jhonatan Charete, presidente de la Organización de Comunidades Asháninkas de Río Ene y Pangoa (Ocare), recuerda que Sendero asesinó a su hermano Isaías, líder de la Ocare en ese entonces, luego de saquear la comunidad de Tzomaveni.
“Nosotros dormíamos en el monte durante tres, cuatro hasta cinco días de puro miedo. Cuando regresábamos nuestras casas, nuestros animales y hasta nuestra ropa habían desaparecido”, recuerda Charete. El dirigente asegura que ahora siente que el Estado los volvió a abandonar, pues aún no reciben las compensaciones establecidas en el plan de reparaciones.
Otras organizaciones indígenas, como la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva Central, reclaman un trabajo más eficiente en la ubicación de fosas comunes, pues les permitirá cerrar un ciclo y una herida que a pesar de los años permanece abierta.
RETRASOS Y TRABAS
Para la Defensoría del Pueblo, la falta de un plan integral de búsqueda de personas desaparecidas hace que el trabajo de ubicación y recuperación de víctimas del terrorismo sea muy lento. Según sus cálculos, si se continúa con el ritmo actual –se recuperaron casi 3.000 cuerpos en 10 años de trabajo– se necesitarán varias décadas para culminar su labor.
CONDICIONES ADVERSAS
El jefe del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público, Iván Rivasplata, señala que es muy probable que existan fosas en la zona de Pangoa, aunque no se atreve a dar una cifra. Añade que lamentablemente por la falta de testigos directos –generalmente son hijos o nietos de víctimas– no logran dar con el lugar exacto por la cambiante geografía de la selva.
ALTA CARGA PROCESAL
La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo es la única encargada de ver casos de derechos humanos, pero esta labor es adicional a su carga común lo que dificulta que el fiscal se ausente para atender las denuncias sobre fosas que se encuentran en zonas alejadas. La Defensoría del Pueblo recomienda que se cree una fiscalía especializada en derechos humanos.
