En febrero del 2020, un megaoperativo desbarató a una mafia de mineros ilegales que involucraba operaciones en cinco regiones. Extraían el oro de Pataz, en La Libertad, y lo trasladaban en camiones a plantas de procesamiento en Piura, Ica, Lima y Arequipa. Se dijo que era un golpe importante contra la minería ilegal. Cuatro años después, sin embargo, las redes criminales no solo se han multiplicado sino que el mismo “modus operandi” se mantiene y hasta se perfecciona ante una evidente ausencia de control.
Para tener una idea del volumen del mineral de procedencia ilegal que se extrae todos los días de Pataz, solo del área de concesión de las tres mineras formales de la zona (Poderosa, Horizonte y Marsa) salieron 3.417 volquetes entre setiembre del año pasado y febrero del 2024. Se trata de un promedio de 22 vehículos cargados cada día. Ninguno de estos pertenece o trabaja para las tres compañías.
El análisis de las placas de los vehículos da cuenta que la mayoría corresponde a empresas cuyos gerentes están en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) [ver infografía]
De ilegal a legal
Cada volquete, con capacidad de 20 a 30 toneladas, extrae el material en bruto de socavones y galerías (compañías formales han reportado constantes ingresos a sus túneles para este fin). Lo que sigue es el traslado y procesamiento para su exportación. En estos pasos se realiza el “blanqueamiento” del oro ilegal.
La fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Transitoria de La Libertad, Patricia Ponce Saavedra, explica que, una vez que los camiones salen de la zona de recolección, obtienen documentación formal, que consiste en simples guías cuya legitimidad no puede confirmarse en el camino. La supervisión administrativa de ese material le corresponde a la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional, pero no existe una correcta fiscalización.
“Así salga de un origen totalmente ilegal, en el camino les proveen toda la documentación formal. El conductor del volquete solo tiene que entregar una guía de remisión- remitente, la guía de remisión- transportista, la hoja del Reinfo y los documentos del vehículo. El problema es que la gerencia no supervisa si coincide la información”, explica Ponce a El Comercio.
¿Quién entrega esos documentos? Las hipótesis señalan que los mineros de REINFO forman parte de la cadena, venden estas guías a los ilegales o son extorsionados por ellos para que las provean. En los tres casos, no se verifica eficazmente el origen de esos papeles.
“Incluso si hubiera voluntad de fiscalización, no hay capacidad operativa para confirmar si los volquetes provienen de la concesión con los papeles en regla. La debida diligencia se limita a ver el documento y al ser un tema administrativo, de permisos, no interviene la policía”, añade Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia (ICEV).
Vacío en el código penal
Hay otro elemento que limita el control. César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, indica que el delito de minería ilegal (307A del Código Penal) no contempla explícitamente la actividad transporte, situación que es utilizada a conveniencia de los ilegales. “Hay fiscales que intervienen los camiones, pero los abogados de los mineros se amparan en que el transporte no está incluido en el tipo penal. Eso genera un situación de impunidad”, dice a este Diario.
De hecho, la fiscal Ponce confirmó que sí han incautado algunos camiones “con fines de investigación”, pero el número (calcula que unos 30 desde el 2021) no abarca la magnitud de las salidas de volquetes diarios.
La policía calcula que al menos 8 bandas criminales, entre peruanas y extranjeras, se disputan el control del negocio ilegal del oro en Pataz.
Si no se puede controlar el traslado, un candado deberían ser los lugares de procesamiento, pero la realidad es otra. Ipenza advierte que la oposición a la regulación de estas plantas muchas veces ha partido desde el propio Congreso. “Se sabe que los volquetes viajan desde Piura, cruzan toda la Panamericana, y van a Chala y Nazca, donde la cantidad de plantas es tremenda. En algún momento se quiso regular, pero desde el Congreso siempre hubo una resistencia tenaz. Las plantas se defienden en que son pequeños mineros o artesanales, pero procesan tanta cantidad que son en la práctica mediana o gran minería”, explica.
A esto se suma el incremento de plantas de beneficio. Ponce señala que ha crecido el número de plantas procesadoras en las zonas periféricas de Trujillo, por lo que el traslado se realiza con mayor rapidez.
Con ella coincide Zevallos, quien sostiene que actualmente ya no es necesario recorrer tantos kilómetros como antes. “Si bien existen los centros importantes en el sur, en Trujillo ya existen plantas de procesamiento. Eso acorta la cadena y la hace más fácil porque evitan recorrer demasiados kilómetros en los que, eventualmente, también pueden ser víctimas de asaltos por otras mafias”, dice.
De acuerdo con el registro de plantas autorizadas para el beneficio de minerales del Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo en Ica existen 16 plantas para “pequeña minería y minería artesanal”. En todo el país, estas suman 117. Sin embargo, la misma plataforma del Minem precisa que la información para ambas categorías es “referencial”.
Fuentes de El Comercio confirmaron que solo en la provincia Pataz se calcula que para el 2022 había al menos 30 plantas de beneficio ilegal a través del sistema de “molinetes”. Algunas cuentan con sus propias bocatomas a socavones con lo que el procesamiento ni siquiera requiere de traslado con camiones.
