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El caso de la niña Jimena, quien fue raptada, violada y asesinada en San Juan de Lurigancho a inicios de este mes, abrió nuevamente el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para los abusadores sexuales de menores.
Según indica una reciente encuesta de El Comercio-Ipsos, realizada entre el 7 y 9 de febrero, el 87% de peruanos está a favor de que se implemente la pena de muerte para quienes violen y asesinen a menores de edad.
—Reacción social—
Esta opinión es casi unánime en el centro del país, donde el 97% de encuestados considera que la pena de muerte debe ser aplicada.
En las regiones de esta zona del Perú (Lima, Junín, Huánuco, Huancavelica y Pasco), se concentró casi el 50% de los 2.341 casos de violencia sexual contra menores registrados en el 2017, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Solo en Lima se reportó el 38% de los casos.
La encuesta muestra también que, respecto al nivel socioeconómico (NSE), no hay mayores diferencias: en el NSE A, el 86% de encuestados dice que está a favor de la pena de muerte; en el NSE E, el 90%. Las cifras tampoco varían considerablemente si se toma en cuenta el género: los hombres aprueban esta medida en un 88%, y las mujeres en un 86%.
No obstante, las diferencias sí se perciben según los rangos de edad: las personas de 18 a 24 años aprueban la pena de muerte para los violadores de niños y adolescentes en un 91%; quienes tienen 40 años a más, solo en un 83%.
Para el antropólogo Raúl Castro, las altas cifras aprobatorias de esta medida en el país reflejan una reacción de la sociedad ante la impunidad que tiene un delito que, según explica, “transgrede toda consideración humanitaria”, como es la violación y asesinato de un menor.
“La tolerancia social frente a estos actos abominables es cero. El hecho de que la aprobación de la pena de muerte sea casi unánime demuestra también que existe una sensación de falta de justicia frente a estos delitos a través de canales regulares [Código Penal, Poder Judicial, leyes del Congreso], por eso se apela a una sanción extrema, como es quitar la vida al asesino”, dice.
—¿Medida disuasiva?—
Asimismo, un 68% de personas considera que la aplicación de la pena de muerte reducirá los asesinatos de niños y adolescentes. En cambio, el 29% cree que con esta medida los criminales serían más cuidadosos para no ser atrapados.
El Código Penal establece –en su artículo 173– que la violación de menores de 10 años se sanciona con la cadena perpetua. Esta también se aplica cuando el agresor tiene algún vínculo familiar con la víctima. Si la víctima es menor de edad y muere a causa de la violación, también se impone cadena perpetua.
Actualmente, hay al menos 15 proyectos de ley que buscan endurecer las penas por este delito, así como establecer su imprescriptibilidad. Dos de las iniciativas, además, intentan modificar el artículo 140 de la Constitución para implementar la pena de muerte por violación de menores.
Esto último ha sido catalogado como “inviable” por el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ya que el Perú para ello debería abandonar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, hay voces a favor en el Ejecutivo y el Congreso.
El abogado penalista Mario Amoretti explica que el endurecimiento de sanciones por este delito o la pena de muerte no tendrán un efecto disuasivo en los violadores de menores, ya que son medidas reactivas. “Se requieren políticas públicas preventivas para evitar el abuso sexual, no penas más severas”, dice.
