Redacción EC

El 26 de mayo del 2011 la intensa protesta de la población aimara contra las concesiones mineras otorgadas por el gobierno del ex presidente Alan García a la empresa canadiense Bear Creek, en el sur de la región, derivó en la toma de la ciudad, el saqueo y quema de instituciones públicas, desmanes y ataques contra la propiedad privada.

Por estos hechos, ayer el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno condenó a siete años de prisión al dirigente aimara Walter Aduviri Calisaya, por el delito de disturbios en el llamado ‘aimarazo’. En la misma audiencia, Aduviri y los otros nueve procesados fueron absueltos del delito de extorsión agravada.

El 29 de noviembre del 2007, el Gobierno del ex presidente Alan García promulgó el Decreto Supremo 083-2007, norma que exceptuó a la empresa Bear Creek de la prohibición (establecida por la Constitución) de que las compañías extranjeras puedan realizar actividades directa o indirectamente dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera.

En abril del 2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, encabezado por Aduviri, inició una serie de movilizaciones para oponerse al proyecto minero Santa Ana de la mencionada empresa, en el distrito de Huacullani.

Con el paso de los días y ante la falta de acuerdos con el Ejecutivo, la protesta se radicalizó. El 26 de julio, la población aimara procedente de los distritos de Huacullani, Kelluyo, Zepita, Desaguadero y otros., tomaron la ciudad de Puno, además de bloquear la vía Puno Desaguadero, quemaron y saquearon locales públicos de la Prefectura Regional, Sunat, Contraloría y Aduanas, generando millonarias pérdidas económicas, además de la desaparición de importantes documentos.

Además de los siete años de prisión, el juzgado fijó contra Aduviri el pago de S/. 2 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado. Tras conocer la sentencia, el fiscal Juan Monzón Mamani no adelantó si impondrán una apelación, debido a que la Fiscalía había solicitado que Aduviri y los otros nueve procesados sean condenados además por extorsión agravada. Contra Walter Aduviri se solicitó siete años por disturbios y 21 años por extorsión agravada.

El juez Istaña señaló que aunque Aduviri negó haber sido líder de la organización que generó la protesta, en el juicio sí se demostró que tenía dominio de la voluntad de los manifestantes, tesis de la teoría de la autoría mediata que postuló la fiscalía. De otro lado, los jueces han reconocido que las poblaciones tienen el derecho legítimo derecho de protestar pero no de cometer actos de disturbios.

Finalmente en junio del 2011, al final del gobierno de Alan García, se derogó el D.S. 083-2007, que favorecía la operación de la empresa Bear Creek Mining Corporation. La compañía inició un arbitraje contra el Estado Peruano por casi US$1.200 millones. El caso aún no termina.

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