Hace más de veinte días que la minera mexicana Southern ha paralizado su producción de cobre en la mina Cuajone, en Moquegua. La medida se adoptó como consecuencia de la toma del reservorio de agua de Viña Blanca –que abastece a la mina y a la gente que vive en sus campamentos– por parte de la comunidad campesina Tumilca, Pocata, Coscore y Tala, quienes reclaman algunas de las tierras donde opera la empresa. La producción en Cuajone representa el 7% de la producción nacional de cobre y la paralización se da en pleno auge de precios del metal.
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—¿Cuál es la situación en Cuajone?
Desde el 28 de febrero se ha cortado el acceso del agua a la operación y a la población que vive en esta mina. Son 5.000 personas que no tienen acceso a este recurso [también hay un hospital y colegios]. Además, desde esa misma fecha se ha cortado la producción de la mina, lo que hasta la fecha ha generado pérdidas de 9.700 toneladas de cobre. Esto tiene un gran perjuicio para la compañía y el país. Desde el punto de vista nacional, son exportaciones por aproximadamente 4′800.000 dólares al día, mientras que en ingresos en Impuesto a la Renta son seis millones de soles diarios, y dos millones y medio de soles de regalías y canon para la región de Moquegua.
—La comunidad campesina afirma que le pertenecen las tierras donde está Southern. Piden cinco mil millones de dólares por el uso de los terrenos por más de 50 años y la participación del 5% de las utilidades. ¿Cómo ve usted esto?
Eso es lo que ellos indican, pero nosotros operamos la mina Cuajone desde 1976. En todos estos años nunca hemos tenido ningún tipo de conflicto por este tema, esto es algo que han sacado recientemente. Nosotros hemos operado en servidumbres de tierras que son del Estado, principalmente. Además, cuando hay una servidumbre se paga un derecho de uso; se han pagado los derechos que corresponden. No entendemos de dónde viene este reclamo, pero hemos manifestado nuestra voluntad para conversar con la comunidad.
—El viernes pasado, tuvieron un espacio de diálogo, junto con el Minem. ¿Por qué no se llegó a nada concreto?
Tocamos diversos temas relacionados con la preocupación de la comunidad. Al final trabajamos en un acta en la cual nos poníamos de acuerdo en siete puntos. Estos fueron consensuados con los dirigentes de la comunidad. Sin embargo, al final los dirigentes nos dijeron que no podían aprobar el acta porque necesitaban presentar esto a la comunidad. Estamos a la espera de la respuesta sobre este asunto.
—¿Qué pasaría si no se reanudan las operaciones?
Si esto no ocurre [aprobar el acuerdo], la compañía tendrá que tomar medidas adicionales, como ir retirando parte de la población que vive en Cuajone. No es sostenible tener a una gran cantidad de personas sin abastecimiento de agua. [...] Luego se evaluarán las siguientes medidas. Por ahora no estamos considerando el retiro de los trabajadores, pero evidentemente si esto se extiende, se tomará alguna medida que ciertamente no se quiere tomar.
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—La tragedia en Retamas evidencia que hay pueblos mineros totalmente olvidados. ¿Algunas empresas mineras deberían hacer una autocrítica?
Las compañías mineras siempre están dispuestas a colaborar, sobre todo en las zonas donde operan. Lo que corresponde es revisar si donde uno está hay un riesgo de ese tipo. Estos eventos nos tiene que llamar a todos a ver si esto podía ocurrir en una población cercana, no solo las empresas mineras, si no todas las compañías del país.
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