Tratamiento del cáncer en riesgo: advierten que norma del INS impone evaluación que frena el acceso a nuevos tratamientos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se diagnosticaron 19,3 millones de casos y se registraron casi 10 millones de muertes de cáncer en todo el mundo. Las proyecciones indican que para 2050 la carga global aumentará en un 77%, alcanzando los 35 millones de nuevos diagnósticos cada año, con especial impacto en países de ingresos medios y bajos, como los de América Latina, donde las brechas en acceso a terapias agravan la mortalidad y la desigualdad en el tratamiento.

En el Perú, la situación no es menos alarmante, ya que según el Ministerio de Salud (Minsa) se reportaron 69.849 nuevos casos de cáncer, consolidándose como una de las principales causas de muerte en el país. A su vez, se estima que la enfermedad provoca alrededor de 13.600 muertes prematuras cada año, reduciendo en promedio 1 o 2 años la esperanza de vida de los peruanos. Además, más del 59% de los pacientes atendidos en hospitales públicos llega en estadios avanzados, cuando las posibilidades de supervivencia se reducen drásticamente.

En este contexto, el Instituto Nacional de Salud presentó un reglamento que modifica el procedimiento para aprobar nuevas terapias: hasta antes de la presentación del reglamento, el Comité Farmacoterapéutico del hospital podía elevar directamente la solicitud a RENETSA, sin embargo con la nueva propuesta el pedido debe pasar primero por el director del hospital. Lejos de ser un detalle administrativo, esta modificación retrasa un camino que de por si es lento y desgastante.

Al respecto, Indyra Oropeza, presidenta de Con L de Leucemia, sostiene que muchos comités se reúnen pocas veces al año y añadir un filtro adicional significa meses de espera adicional. “En cáncer, cada día cuenta, mientras el expediente viaja de oficina en oficina, los tumores avanzan, las opciones terapéuticas se reducen y las posibilidades de supervivencia se desvanecen. Estamos hablando de personas con nombre y apellido, padres, madres e hijos que no tienen tiempo que perder. En lugar de abrir caminos, esta norma los complica más”.

Además, Indyra comenta que el proyecto también establece un sistema de evaluación en tres fases que genera rigidez y poca trasparencia:

• Valor terapéutico: definido por un único equipo metodológico que puede frenar un tratamiento incluso si ya fue validado en otros países.
• Valor económico: el mismo equipo analiza costo-efectividad e impacto fiscal antes de considerar los beneficios para los pacientes y sus familias.
• Valor social: recién aquí se convoca a sociedad civil y médicos, pero solo si las dos fases anteriores fueron aprobadas. Esto excluye a los pacientes de las decisiones más críticas.

“No se puede hablar de participación ciudadana si se convoca a los pacientes cuando todo ya está decidido. Necesitamos un proceso transparente, donde la voz de quienes enfrentamos la enfermedad esté presente desde el inicio. No estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de vidas que dependen de decisiones rápidas y justas. Cada retraso significa tratamientos que llegan tarde, familias que se quiebran y pacientes que pierden oportunidades que ya existen en otros países. El Perú no puede darse el lujo de mirar para otro lado mientras la burocracia pesa más que la vida”, agregó Oropeza.

Finalmente, Indyra solicita que el Ministerio de Salud revise de inmediato la propuesta, ya que el cáncer avanzando sin tregua y el país requiere un sistema de evaluación ágil, justo y humano, que priorice la vida antes que los procedimientos. "Detrás de cada expediente que espera una firma hay una persona que lucha contra el tiempo. En esa carrera contra la enfermedad, cada día de demora es un día menos de esperanza. Y la pregunta que nos queda como ciudadanos y pacientes es: ¿está el sistema dispuesto a proteger la vida de sus ciudadanos o a perderla en un laberinto burocrático?”.