Veinte comisarías han sido atacadas desde que iniciaron las protestas contra Dina Boluarte: qué se busca con estas agresiones

El gobierno de Dina Boluarte cumple hoy 53 días con protestas sociales activas en distintas regiones, especialmente del sur del país, que han dejado 58 muertos. Mientras los bloqueos a carreteras ahogan ciudades como Puerto Maldonado y las denuncias de represión policial son documentadas por testigos, hay un blanco constante de algunos grupos violentos: las comisarías.

Solo entre el 11 de diciembre y el 24 de enero cinco comisarías han sido incendiadas y otras 15 resultaron con daños materiales, según un reporte de la Policía Nacional. Si se incluyen bases policiales, complejos, sedes de unidades de carreteras, emergencias y otras dependencias de esta institución, los ataques ascienden a 41. Se trata de locales policiales de Apurímac, Arequipa, Huancavelica, La libertad, Cusco, Ayacucho, Puno y Tacna.

Para el viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, estas agresiones buscan debilitar al Estado y evitar la posibilidad que los policías tengan donde guarecerse, dejar sus armas o mantener a los detenidos. “Es un símbolo que representa al Estado. Las comisarías no guardan documentación como las fiscalías, juzgados o puestos fronterizos donde hay intereses criminales que quieren borrar evidencias y controles”, explica.

Con él coincide Nicolás Zevallos, criminólogo y exviceministro del Seguridad Pública, quien añade que es “parte de la ruta que han seguido grupos violentos para atacar instituciones del Estado, como fiscalías, sedes del Poder Judicial, municipalidades, incluso casas de congresistas”.

A esto se suma, según explica, una “lógica reactiva” ante las denuncias por abuso policial. De hecho, el primer ataque a una comisaría se reportó el 11 de diciembre en Andahuaylas, luego de que se confirmara la muerte de dos personas durante los enfrentamientos con la policía en el aeropuerto de dicha ciudad. Beckham Romario Quispe Garfias, de 18 años, y un adolescente de 15 fueron las primeras víctimas mortales por la convulsión social el país.

Aunque esta respuesta de los manifestantes a las muertes -de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo 47 de las víctimas han sido en enfrentamientos con la policía- es un eje de la toma de dependencias policiales, Zevallos agrega que también hay redes criminales que están aprovechando el contexto político para generar caos.

“Mas allá de que si las actividades de protestas han sido financiadas o no, sí coinciden, en algunos casos, con la presencia de actores y redes criminales en estos lugares. Algo recurrente, por ejemplo, es que en zonas donde hay contrabando lo primero que queman es aduanas de Sunat. No significa que ellos están necesariamente vinculados a las manifestaciones políticas sino que aprovechan estos espacios para sus intereses”, explica.