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La Policía Nacional intervino en febrero del año 2018 a Harinson Riss Chota (25), acusado de haber ultrajado sexualmente a una menor de 12 años. La madre de la niña, Nuvia Pari Mamani, convivía con el sujeto en una vivienda de la ciudad de Puno. Ella lo denunció luego de que su hija resultara embarazada debido a los reiterados ultrajes.
A fines de ese año, en diciembre, una bebe de 9 meses de nacida falleció en Junín luego de casi una semana de encontrarse en delicado estado de salud en el Hospital Docente Materno Infantil El Carmen de Huancayo, lugar donde fue internada tras recibir varios golpes en su
cuerpo. David Eros Aparco Cajacuri (23), conviviente de la madre de la menor, es acusado de la agresión y permanece detenido.
Estos casos de violencia son solo dos de los 41.809 registrados en agravio de menores de edad en el año 2018, según estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). De esta cifra, el 65% de casos tiene como víctimas a mujeres, mientras que el 35% a hombres.
Solo en noviembre del 2018, un total de 4.042 casos de violencia a menores fueron atendidos en los Centro Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, según el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMP. El número de casos por cada mes aumentó progresivamente a lo largo del año. Por ejemplo, en enero, los CEM atendieron 2.927 casos, mientras que en julio esta cifra alcanzó los 3.620.
-Tipos de atención-
El MIMP brinda a los menores que son víctimas de violencia, así como a su entorno familiar, dos tipos de servicios. A través del CEM, el sector pone a disposición de los agraviados un equipo conformado por abogados y psicólogos. Si se comprueba que además de violencia,
existen factores de riesgo de desprotección familiar, inmediatamente la situación es comunicada a la Unidad de Protección Especial (UPE), integrada por trabajadores sociales, psicólogos y abogados especializados en la infancia.
Si se toma en cuenta los casos de violencia sexual contra menores, las UPE atendieron 1.053 casos en el 2017. Asimismo, hasta setiembre del 2018, atendieron 920 casos de este tipo de violencia. Todas estas situaciones implicaron desprotección familiar y fueron atendidas en las 8 UPE que existen en todo el país, distribuidas en 16 distritos judiciales.
Las UPE dependen de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP. Su directora, María del Carmen Santiago, explicó a El Comercio que estas unidades evalúan la situación de violencia y dictan una medida de protección inmediata a favor del menor, la cual puede ser acogimiento con un familiar, con un tercero previamente calificado o acogimiento en un albergue. “Cualquiera de las tres tiene como fin apoyar al niño a que supere el episodio de violencia que ha vivido y así logre un desarrollo integral”, comentó.
En el caso de que los niños se hallen desprotegidos (huérfanos) luego de sufrir un episodio de violencia en su hogar, estas unidades pueden garantizar el apoyo a través de otros servicios. “En la resolución que emiten, precisan también la necesidad que pueda tener el niño, por ejemplo, de regularizar su DNI, SIS o de ser incorporado en el sistema educativo”, indicó María del Carmen Santiago.
La funcionaria señaló que la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes acompaña a la familia y al menor en todo el proceso, sin embargo, resaltó que es el Ministerio Público o el de Justicia es quien asume la defensa de la víctima y presenta la denuncia respectiva en contra del agresor.
“La violencia tiene que ver con la forma en cómo las personas han aprendido a relacionarse, pues estas normas sociales están interiorizadas en el ser humano. Se ha desarrollado todo un trabajo para aumentar los servicios de protección a los niños, niñas y adolescentes como los servicios de detección y defensa frente a temas de violencia. La población está identificando lo que antes era denominado normal”, dijo.
-Tipos de violencia-
En el año 2018, los CEM atendieron en mayor cantidad casos de violencia de tipo psicológica en agravio de menores. Un total de 18.911. En tanto, la cifra de casos de violencia física alcanzó los 13.752, mientras que la de índole sexual fue de 8.957.
Los casos de violencia económica contra menores de edad llegaron a 189. Este tipo de violencia se registra cuando los padres incumplen con sus obligaciones alimentarias con sus hijos. También se da cuando se priva a su cónyugue o a cualquier otra persona de sus bienes.
-Registro de agresores sexuales-
El Pleno del Congreso aprobó el 22 de noviembre del año pasado, por unanimidad, el dictamen que crea el registro de agresores sexuales que, además, inhabilita definitivamente a estas personas para desempeñar actividades vinculadas al cuidado de niños y adolescentes.
La propuesta, dictaminada por las comisiones de Justicia y de la Mujer del Parlamento, fue aprobada por 83 votos a favor, ninguno en contra, y exonerada de segunda votación dada su importancia.
El dictamen busca contribuir a la prevención de toda forma de violencia contra niños, mujeres y adolescentes, y dispone implementar en el Registro Nacional de Condenas, el registro de agresores sexuales, responsables de trata de personas, violaciones, entre otros delitos similares. Dispone también que estas personas queden definitivamente prohibidas de trabajar con niños en el ámbito privado y en el público.
-Casos 2018-
En mayo del año pasado, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Canchis, en Cusco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra los hermanos Elmer y Abel Amao Sillo, y Abdón Apaza Soncco, quienes confesaron haber participado en el secuestro y muerte de un menor de
ocho años en la ciudad de Sicuani.
Según la investigación fiscal, el menor fue secuestrado en la puerta del colegio Mateo Pumacahua. Los tres sujetos llevaron al niño hasta una casa abandonada de la comunidad de Parocalla, desde donde llamaron al padre para exigirle el pago de S/200 mil por su rescate. Al
día siguiente, la organización se enteró de la proximidad de la Policía Nacional, lo que hizo que decidan ahorcar con una chalina al menor en el cerro Occoruro, al que llegaron después de una hora de caminata.
En Áncash, una niña de 6 años que fue abusada sexualmente fue hospitalizada debido a las graves lesiones que le provocó su agresor, en el distrito de Nuevo Chimbote. Según la Policía Nacional, el sujeto agredió a la menor en una casa de esteras abandonada, en la invasión Jerusalén, situada en los terrenos del Proyecto Especial Chinecas.
La víctima tuvo que ser operada de emergencia en el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón, ya que presentaba una severa hemorragia vaginal. El jefe de la comisaría Buenos Aires, Carlos Gonzales, informó que el individuo captó a la menor cuando ella se encontraba jugando en la calle, cerca de su vivienda.
El último día del año 2018, la Corte Superior de Justicia de Lima Este dictó cadena perpetua contra César Alva Mendoza (37), asesino confeso de Jimenita (11). El Poder Judicial aceptó el pedido de la fiscal superior Ana María Cubas Longa, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de San Juan de Lurigancho, y ordenó la máxima pena contra este sujeto que secuestró, violó y asesinó a la menor en febrero del 2017. Además, se fijó una reparación civil de S/320 mil.
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