“Es una imputación muy grave, y que afecta de alguna forma la credibilidad y confianza en torno a la Junta Nacional de Justicia”

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El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Aldo Vásquez, admite que las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, han afectado a la institución. Sin embargo, defendió el proceso de selección y nombramiento que realizó dicha entidad constitucionalmente autónoma.

— ¿Cómo se encuentra la Junta Nacional de Justicia frente a la actual coyuntura, a las declaraciones del señor Jaime Villanueva?

Yo debo reconocer que ha habido una afectación grave a la Junta Nacional de Justicia a partir de los dichos del señor Villanueva, particularmente en relación al señor Avila; y esto básicamente por la imputación en relación a una intervención que él podría haber tenido respecto a una empresa china. Es ciertamente una imputación muy grave, y que afecta de alguna forma la credibilidad y confianza en torno a la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, lo que a nosotros nos toca decir más allá del respaldo a cualquier investigación que se haga sobre el señor Ávila o cualquier otro miembro de la Junta; más a allá de eso, lo que nosotros defendemos sí, es la limpieza de los procesos de selección y nombramiento a cargo de la Junta, así como de todos los procedimientos disciplinarios y todas las actividades que son propias de nuestra función. La única fase donde intervienen los directamente lo miembros de la Junta Nacional de Justicia es la entrevista, y la entrevista hay evidencia de que no hubo ningún tipo de favorecimiento.Tanto así que la señora Benavides no sólo no obtuvo el primer lugar, tampoco el segundo lugar, sino que estuvo disputando del empate el tercer y cuarto lugar. De modo tal que la limpieza de los procesos a cargo de la Junta, siempre la hemos garantizado. Eso no significa, sin embargo, que no puedan investigarse aspectos que no tienen que ver con la Junta y en los que podría haber responsabilidades que debe esclarecerse en el ámbito que corresponda.

— En el caso de la señora Benavides, quizá el fin no era que ocupe el primer lugar, sino una plaza como fiscal suprema titular, lo que le aseguraba integrar la Junta de Fiscales Supremos. Hay evidencia que el señor Thornberry le otorgó 93 puntos, muy por encima de otros candidatos; mientras que el señor Ávila le dio 88 puntos, y eso podría haber hecho la diferencia…

Pero en honor a la verdad, el doctor Ávila tampoco le dio el puntaje más alto a la señora Benavides, se lo dio a otros dos postulantes que competían con ella. De modo tal que, razonablemente, uno no puede decir que hubo un propósito de favorecimiento, pero más allá de hablar de los votos particulares, lo que está muy claro; y esa es la verdad maciza, es que la doctora Benavides quedó ubicada en un empate entre el tercer y cuarto lugar

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— Pero, finalmente, ocupó una plaza…

Ocupó una plaza, pero como consecuencia de fases anteriores al concurso en la que los miembros de la Junta no tenemos intervención directa. Obviamente, sí tenemos responsabilidad en el diseño del concurso y en la aprobación de los resultados. Por ejemplo, la primera fase es un examen de conocimiento, donde hay una evaluación ciega, donde el evaluador no sabe a quién está evaluando porque hay un código de barras y no un nombre; luego la fase siguiente es la evaluación curricular, y allí el cuestionamiento que se hizo es por qué la Junta no pidió las tesis. Lo hemos explicado y lo que ocurre es que la Ley de Procedimiento Administrativo establece un principio de presunción de veracidad y más allá de ese principio, la JNJ da mérito al grado que emite la Universidad. A la Junta no le corresponde revisar las tesis. Luego viene el estudio de caso, donde son dos profesores universitarios, que se distribuyen aleatoriamente a los evaluados, y allí la doctora Benavides no tuvo una puntuación alta, pero sí le permitió aprobar.

— Teniendo eso como precedente, ¿el mecanismo de evaluación falló?

Yo no creo que haya fallado el mecanismo, no es razonable suponer que en todo concurso público del Estado, deban pedir las tesis para verificar la autenticidad de las tesis. Eso es responsabilidad de la propia Universidad que emite el diploma correspondiente. Lo que sí puede haber es una causa sobrevenida, es decir cuando la opinión pública comienza a exigirle a la entonces Fiscal de la Nación, exhiba sus tesis y hay una negativa a exhibirlas, entonces se produce un margen de duda que en caso de la Junta ha motivado el inicio de una investigación preliminar para establecer, no si sustentó en aquel momento la tesis; sino si la información que brindó en el marco del concurso, era válida o no era válida.

— ¿La JNJ ha sido autosaboteada por dos de sus integrantes?

No, no creo que haya habido un autosabotaje, lo que creo es que hay, efectivamente, unas imputaciones en un marco de gran convulsión, de gran efervescencia sobre el sistema de justicia; han habido unas imputaciones que son muy graves, y que tienen que ser esclarecidas y que han motivado la salida, la vacancia del señor Ávila, pero más allá de esa circunstancia, lo que la Junta ha tenido que afrontar desde hace casi un año, es el acoso sistemático por parte de un sector del Congreso de la República al que, por diversas razones, la Junta le ha resultado incómoda.

— Usted ha declarado que la JNJ abrió un proceso contra el doctor Ávila, a razón de los dichos del señor Villanueva y ante eso el señor renunció, ¿Actualmente se ha abierto algún procedimiento contra el señor Thornberry?

En el caso del señor Ávila, estamos hablando de una imputación, de una gravedad significativa, y además estamos hablando de la condición del señor Villanueva como testigo directo. Él dice, ‘yo vi, yo participé de unas reuniones en las cuales se planteó un interés sobre una empresa china’; en el caso del señor Thornberry lo que hay es una referencia indirecta en la que el señor Villanueva dice ‘yo escuché que la señora Benavides decía que escuchó al africano, que a su vez hablaba en inglés con el señor Thornberry’. El señor Thornberry ha negado haber hablado alguna vez con el señor (Hernán) Garrido Lecca sobre tema de la Junta y ha señalado que acudirá, me parece que los primeros días de abril, a la citación que ha recibido. Me parece que son intensidades y condiciones diferenciadas.

— ¿Al menos se ha considerado el hecho de suspenderlo hasta que concluyan las investigaciones?

La Junta Nacional de Justicia evalúa permanentemente los escenarios, los elementos que puedan ir surgiendo y en función de esas circunstancias es que toma sus decisiones. En este momento no se ha planteado alguna medida como la que se adoptó en el caso del señor Ávila.

— En retrospectiva y con miras a lo que sucede en el Congreso, ¿Consideran que no debieron pronunciarse por la situación de la doctora Zoraida Ávalos?

La denuncia constitucional por los 75 años (para continuar ejerciendo el cargo en la JNJ) fue la primera, y luego han venido una serie de denuncias constitucionales que tienen un mismo propósito, que es mellar a la Junta Nacional de Justicia y eventualmente liquidar su actuación. Me pregunta por aquel pronunciamiento; la Junta lo dijo desde un inicio, no defiende personas, defiende principios y el principio de que la independencia y el criterio no puede ser objeto de sanción, es el mismo principio que invocamos hoy respecto de la imputación que se nos hace a nosotros. A nosotros se nos quiere remover porque un sector del Congreso discrepa sobre nuestra interpretación del rango de edad de los miembros de la Junta, que es un tema propio del autogobierno de la Junta. Y eso no significa que nadie pueda cuestionar nuestras decisiones, por supuesto que pueden ser cuestionadas, lo que ocurre es que nadie la ha cuestionado, porque de esta decisión ya van a ser cuatro años; y en su momento cualquiera que se hubiese sentido afectado hubiera presentado un recurso de amparo, una acción de cumplimiento o plantear una acción popular, nunca se ha planteado ninguna de estas acciones, porque en la comunidad jurídica siempre se tuvo muy claro que el rango de edad era para postular, como lo decían las bases del concurso. Además, los miembros de la JNJ no tenemos competencia para vacar a uno de los miembros cuando cumple 75 años, no hay mandato expreso ni en la Constitución ni en la Ley. La Ley Orgánica de la JNJ establece hasta 37 causales por las cuales pueden ser cesado o vacado los miembros de la Junta y ninguna de estas causales están vinculadas al rango de la edad.

— ¿Considera que hay otro fin para que la denuncia constitucional en el Congreso prospere?

Creo que hay un propósito de un sector del Congreso de la República que quiere tener un dominio, una incidencia sobre el sistema de justicia e incluso, sobre el sistema electoral. La Junta Nacional de Justicia, aún cuando es una entidad pequeña, tiene competencias constitucionales relevantes respecto de la selección y nombramiento de los titulares de la Onpe y del Reniec; y al mismo tiempo sobre la selección y nombramiento y el control disciplinario de los jueces y fiscales. Entonces, una institución como la Junta Nacional de Justicia, instrumentalizada, políticamente significa un riesgo gravísimo para la democracia ¿Qué consecuencias podría tener la remoción masiva de la JNJ? Para empezar, la Junta en este momento está en la ratificación de los jefes de la Onpe y Reniec ¿Qué ocurre si se le impide cumplir con su mandato constitucional por la remoción de sus miembros? Queda allí un terreno propicio para que se dicten iniciativa legislativas para encargar la jefatura de Onpe o de Reniec; no sé, la más antiguo, al que tenga las calificaciones, lo cual evidentemente es vulneratorio de la potestad constitucional de la JNJ, además con gran afectación de la neutralidad del sistema electoral. Y por otra parte, tenemos decenas y hasta centenas de denuncias, investigaciones y procedimiento disciplinarios, alguno con un carácter emblemático y que si no hay JNJ lo que ocurrirá será que prescribirán, y si hubiese responsabilidades disciplinarias estas caerían en la impunidad.

— ¿Estarían detrás de la captación de los entes electorales y de la frustración de las investigaciones de la JNJ en casos emblemáticos?

Yo no puedo afirmar cuál es la intención de los promotores de este tipo de iniciativas contra la Junta, que reitero son sistemáticas, pero lo que sí puedo advertir son las consecuencias de esa naturaleza y la afectación de una decisión como esa tendría sobre la institucionalidad democrática del país y sobre la propia legitimidad constitucional del Congreso. Creo que este es el momento de decirlo y hablar, no callemos, que no se utilice una situación concreta en el que se le imputa a un miembro de la Junta el haber intentado favorecer intereses de una empresa determinada, que no se asuma ese argumento para afectar y destruir la institucionalidad de la Junta y con ello, la institucionalidad democrática de un país.

— Pero recordemos que no es un integrante de la Junta, son dos los señalados por el señor Villanueva…Y teniendo en cuenta que por sus dichos la JNJ abrió proceso contra la señora Benavides, ¿Con qué vara medimos entonces esas declaraciones?

Me parece que se está haciendo una comparación impropia. La Junta Nacional de Justicia tiene atribuciones disciplinarias sobre los jueces y fiscales del país, no tiene atribución disciplinaria de sus miembros. De otra parte, la JNJ abre proceso disciplinario respecto de la entonces Fiscal de la Nación ante una colaboración eficaz del señor Villanueva y con unas corroboraciones que valoró en su momento el juez a cargo de la materia; las declaraciones que usted refiere sobre el señor Thornberry, que por supuesto hay que tomarlas con seriedad, pero hay que evaluarlas en su contexto, eso tiene su propio canal de investigación, pero no podemos comparar situaciones que son de naturaleza absolutamente diferente.

— Pero entonces, ¿lo que usted está proponiendo es que le creemos al señor Villanueva en la colaboración eficaz y no como testigo ante un fiscal?

No, lo que ocurre es que en la colaboración eficaz, el aspirante a colaborador eficaz es alguien que se está jugando su libertad, porque si miente inmediatamente podría ser objeto de prisión preventiva, pero en los testimonios que se dan en otras investigaciones, el nivel del declarante no es el mismo, y por otra parte, el conjunto de los elementos no son comparables en un caso y otro, como para ponerlos en igualdad de condiciones.

— ¿Hay una autocrítica de parte de la JNJ?

Yo tengo una autocrítica respecto de la crítica de la Junta Nacional de Justicia que no tiene que ver con la imparcialidad y limpieza de todos los procedimiento a cargo de la JNJ y es autocrítica va por el lado de que no hemos sido lo suficientemente contundentes en llamar la atención sobre el problema fundamental de la justicia en el Perú, que es la provisionalidad de jueces y fiscales. La provisionalidad en el Ministerio Público supera el 50%, más de la mitad son provisionales; y en menor medida, pero también de modo significativo hay provisionalidad en el Poder Judicial, donde el 40% de los jueces son supernumerarios.

— ¿Y por qué la JNJ, en el tiempo que ha operado, no ha logrado disminuir esa provisionalidad?

Hay quienes suponen que esta es una responsabilidad directa de la Junta; y si bien la Junta debe nombrar a jueces y fiscales; sin embargo solamente puede hacerlo respecto de aquellas plazas que están presupuestadas con informe previo de las oficinas de presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público. Entonces, esto requiere de un gran acuerdo del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MP, el PJ y la JNJ, donde nos comprometamos a garantizar la titularidad de los jueces y fiscales del país.

— ¿Han requerido el presupuesto?

Yo creo que ha faltado iniciativa y no de ahora, sino desde siempre, en el Poder Judicial y el Ministerio Públio para hacer requerimientos sostenidos para que se les provea de recursos. Aquí tenemos todos responsabilidades compartidas y como usted me pide una autocrítica, yo pues me acuso de no haber sido suficientemente enérgico al respecto, pero sin embargo, este tema lo hemos llevado a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, a la Comisión de Justicia del Congreso, personalmente yo he hablado con sucesivos ministros de Economía, hemos dialogado con los respectivos fiscales de la Nación y respectivos presidentes del Poder Judicial, pero tenemos que hacer mucho más para superar este, que para mí es el mayor problema del sistema de justicia.

— ¿Y alguna autocrítica que deba hacer la JNJ sobre la coyuntura actual?

Es probable que hayamos cometido algún error que yo, honestamente, no advierto en este momento. Hemos respondido a las expectativas de la ciudadanía en las circunstancias que hemos tenido que afrontar. Probablemente, ningún otro colegiado en la historia de esta institución que tuvo como precedente al Consejo Nacional de la Magistratura, ha debido afrontar tantos retos y desafíos. Nosotros iniciamos nuestra gestión en el 2020 y tuvimos que afrontar todos los procesos vinculados a aquellos magistrados que la prensa denominó ‘Los Cuellos Blancos’, actuamos con firmeza y creo que gran parte de la animadversión hacia la Junta tiene que ver con la postura firme que adoptó en aquella oportunidad el colegiado.

— Le hacía la pregunta porque, sobre la coyuntura y los dos integrantes de la JNJ cuestionados, se ha dicho que no se aprendió con el caso del exCNM sobre presuntos tratos bajo la mesa e intercambios de favores y ahora se ven replicados en la JNJ

Me parece una comparación muy injusta. Cuando ocurrieron aquellos acontecimientos vinculados al entonces Consejo Nacional de la Magistratura, el país fue testigo de diálogos, conversaciones donde se transaba nombramientos de magistrados, donde se negociaba con políticos vinculados a sectores que ahora nos atacan, donde se negociaba con empresarios ¿Algo de eso ha ocurrido en la JNJ? En este momento hay una imputación muy grave respecto del doctor Ávila que tendrá que establecerse en el canal que corresponde, un interés respecto a una empresa china, con lo que la Junta no tiene absolutamente nada que ver, los procedimientos en la Junta han sido absolutamente limpios, han sido transparentes.

— Usted me está remarcando desde el inicio de la entrevista la presunta tratativa a favor de la empresa china, pero la previa a ese tema es que se habría pedido a cambio, el apoyo para la señora Benavides en el concurso para fiscal suprema titular…

Sí, pero lo que yo no admito es una comparación entre hechos probados a través de audios que fueron de conocimiento público, con un dicho que por el contrario es negado por la realidad, porque los resultados de la entrevista personal que se alude, se ve que ni siquiera el señor Ávila votó en el primer lugar por la señora Benavides, que no pueden ser comparados con el CNM, es una comparación injusta arbitraria…

— ¿Ustedes son conscientes que la actual situación los ha puesto a merced del Congreso de la República?

Yo confío siempre en que hay un sector responsable en el Congreso de la República y un sector significativo y debo reconocer que ese sector es el que ha impedido que hasta ahora se produzca una arbitrariedad con las consecuencias que hemos comentado sobre la institucionalidad democrática en el Perú. Pero se produce una situación paradójica porque ahora se argumenta que nosotros habríamos tratado de favorecer a la señora Benavides, cuando las imputaciones que se hacen a la señora es haber batallado intensamente codo a codo con sectores del Congreso para remover a la JNJ, ¿no hay allí una contradicción que debería por lo menos evaluarse para descartar ánimo alguno en relación a un favorecimiento de personas concretas?

— ¿Acudirán el lunes a la Comisión Permanente?

En principio, vamos a acudir, en lo que a mí se refiere, porque todavía no puedo confirmarlo respecto de todos los miembros de la Junta, pero yo acudiré y la Junta estará allí; porque lo hemos dicho desde un principio, nos defendemos en todos los espacios. Lo hemos hecho en el ámbito de la justicia supranacional, lo hemos hecho en el ámbito jurisdiccional, lo hemos hecho en el ámbito parlamentario, en el campo mediático, académico, porque no defendemos aquí no es una situación personal, nuestro mandato termina en poco más de diez meses, lo que defendemos es la institucionalidad de la Junta y con ello la institucionalidad del país.

— ¿En qué situación se encuentran los procesos de la señora Benavides, tanto el disciplinario inmediato como la apelación a su suspensión?

Los procedimiento siguen con regularidad en la Junta Nacional de Justicia, aquellas causas que estaban asignadas al despacho del doctor Ávila, serán temporalmente reasignadas, pero estamos a la expectativa que pueda producirse la reincorporación del primer suplente, el doctor Abraham Siles. En cuanto a la apelación de la suspensión, esta estaba a cargo del doctor Ávila, no estando él, tiene que ser sustentada la ponencia por otro miembro del Pleno, lo cual ocurrirá en breve.

— ¿Hay quórum para seguir con la apelación a la suspensión del caso de la señora Benavides?

Actualmente, sí hay quórum para llevar adelante el procedimiento disciplinario y las investigaciones que están en marcha. Hay seis de los siete miembros, el pleno puede operar hasta con cinco miembros. En el caso de la doctora Zavala ella tuvo una abstención respecto al caso de la doctora Benavides mientras su hija era fiscal superior adjunta provisional, y por lo tanto dependiente de cualquier decisión de la Fiscal de la Nación, pero su hija renunció el año pasado y desapareció esa condición para la abstención. La doctora Zavala ya está conociendo estos procedimientos.

— ¿En qué estado se encuentra la investigación al fiscal supremo Pablo Sánchez, ya se le citó?

Yo no estoy a cargo de esas investigaciones, de modo que no estoy al tanto. Cada despacho es autónomo, cada despacho realiza las actuaciones pertinentes y da cuenta al Pleno cuando ha concluido la investigación. Sin embargo, le aseguro que todas las investigaciones están en marcha, deben haberse hecho las notificaciones, los investigados tienen, y lo digo por regla general, la posibilidad de contestar los argumentos a partir de los que se abre investigación. El miembro instructor dispone las actuaciones pertinente para las aclaraciones que estime convenientes y finalmente propone al pleno, archivar las investigaciones si no encuentra causa alguno o por el contrario abrir un procedimiento disciplinario imputando algún tipo de inconducta funcional que pueden llevar, si hay responsabilidad, a la destitución; y si no la hay, a la absolución.

— Se criticaba a la JNJ porque a la señora Benavides se le abrió un proceso disciplinario inmediato de manera célere y se tomó su tiempo para abrir inicialmente una investigación preliminar contra los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez…

Siempre hay un riesgo en las comparaciones. Para nosotros es muy difícil explicar las particularidades de cada caso porque eso puede generar el que alguien diga que estamos adelantando opinión, pero lo que puedo decir de modo general, es que un procedimiento inmediato y una cautelar de suspensión se producen cuando hay unos elementos que justifican que dan verosimilitud a la comisión de una infracción disciplinaria. Y la medida cautelar de suspensión, cuando hay un riesgo de que dada la condición del investigado, pueda producirse algún tipo de obstrucción o afectación a las investigaciones en curso. La Junta evalúa en cada caso si es que se dan esos elementos. Evidentemente, las condiciones para afectar eventualmente las investigaciones no son las mismas y la disponibilidad de elementos de juicio, no son los mismos. Es decir, el señor Villanueva puede hacer declaraciones, como ya lo hemos comentado, pero hay que ver en qué ámbito las hace, como aspirante a colaborador eficaz o son testimonios simples, si es que esas declaraciones están corroboradas con indicios.