Durante el interrogatorio fiscal en Brasil, Jorge Barata reveló detalles del papel que tuvo Nadine Heredia en el Caso Gasoducto del Sur . La exprimera dama es investigada por el equipo especial Lava Jato por las presuntas irregularidades en la concesión del citado proyecto gasífero al consorcio integrado por Odebrecht y la española Enagás durante el gobierno de Ollanta Humala.
Jorge Barata afirmó que, en el marco de la licitación por el Gasoducto del Sur, Nadine Heredia realizó gestiones y coordinó reuniones para presuntamente favorecer a la empresa brasileña en con la adjudicación de la obra. Fuentes de El Comercio señalaron que Barata aseveró que hubo varias reuniones con representantes de diversos niveles del gobierno de Humala, de medios de comunicación y líderes de opinión, y sostuvo que Heredia estaba “al tanto de todo”.
-
-
El tema del Gasoducto del Sur había saltado al primer plano a inicios de julio tras el allanamiento a la casa de Nadine Heredia y otros 25 inmuebles, como parte de la mencionada investigación fiscal. Un par de semanas, el portal Convoca informó que en la plataforma Drousys de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht se encontraron archivos de pagos relacionados a la citada concesión por más de US$3 millones que se hicieron en el 2014.
Pero ¿qué es exactamente el proyecto Gasoducto Sur Peruano? ¿Cómo se adjudicó esa obra a la empresa brasileña? ¿En qué estado se encuentra esa millonaria inversión? ¿Qué investigaciones se han abierto respecto a ella? ¿Qué personas son investigadas por este proyecto? A continuación, presentamos las claves para conocer y entender mejor esa iniciativa proyectada en el sur del país.
1- ¿Qué es el Gasoducto del Sur?
Es un ambicioso proyecto de ingeniería que tiene como propósito transportar gas natural desde el yacimiento Las Malvinas, en La Convención, Cusco, cruzando los Andes, hasta la central térmica de Ilo. Se trata de un recorrido de ductos por Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua que supera los 1.000 kilómetros de distancia.
En enero del 2017, cuando Pedro Pablo Kuczysnki estaba sentado en el sillón presidencial, se resolvió la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano a raíz del escándalo de corrupción por el caso Lava Jato y porque no cumplió con demostrar que tenía la financiación necesaria para concluir la obra.
Proinversión ha mandado a realizar a la consultora Mott macDonald un estudio para evaluar mejores condiciones para desarrollar el proyecto que se encuentra paralizado y que ahora se llama Sistema Integrado de Transporte de Gas. El próximo años se realizará la licitación del proyecto que será cofinanciado con fondos públicos y privados.
En mayo de este año, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, indicó que el primer tramo de Gasoducto del Sur (desde Las Malvinas hasta la ciudad cusqueña de Anta) estaría listo en el 2022. En cuanto al segundo tramo (que termina en Ilo) aún no se tiene definida la fecha en que se terminaría.
2- La primera concesión del gasoducto
Inicialmente, la construcción de la obra, que se llamaba Gasoducto Andino del Sur, iba a estar a cargo de la empresa Kuntur Transportadora de Gas (que luego fue adquirida por Odebrecht), que firmó el contrato en octubre del 2008 durante el segundo gobierno de Alan García y se comprometió a invertir US$1.330 millones en tres años.
Dicho contrato culminó en noviembre del 2014 sin que la empresa haya dado inicio a la ejecución física de la obra y sin que el Estado declare la caducidad del contrato y ejecute la carta fianza de más de US$66 millones a favor del país por el incumplimiento.
Para conseguir beneficiar al consorcio se sometió indebidamente la decisión de la devolución de la carta fianza a un experto técnico en lugar de un tribunal arbitral internacional, como correspondía. El experto recomendó devolver a la empresa el monto de la fianza.
3- Relación de Odebrecht con Kuntur
Cabe anotar que Kuntur se constituyó el 14 de junio del 2007 con un capital social de S/400. Así postuló y ganó la concesión pese a que había otras dos empresas con más experiencia en el tema.
El entonces director de Hidrocarburos, Gustavo Navarro Valdivia, decidió no convocar a licitación pública sino recibir y evaluar las solicitudes de los postulantes y aceptó la de Kuntur.
La empresa Odebrecht adquirió las acciones de Kuntur entre 2011 y 2012 y se hizo dueña de la concesión. Pero la vinculación de la constructora brasileña con Kuntur y con el proyecto del gasoducto data de mucho antes de la firma del contrato que se efectuó el 6 de octubre del 2008.
Efectivamente, el 27 de agosto del 2018 se anunció la firma de un contrato entre Kuntur y Odebrecht como consultora. Además la firma brasileña se encargó de realizar los estudios preliminares del proyecto como los estudios de impacto ambiental.
4- Odebrecht y la segunda concesión del gasoducto
ProInversión implementó una licitación para reactivar el proyecto del gasoducto y, el 30 de junio del 2014, el consorcio Gasoducto Sur Peruano (integrado por Odebrecht y Enagás) ganó la buena pro con una oferta económica de US$ 7.328 millones, monto que estuvo por debajo de los US$7.800 millones establecidos en la base del concurso. En setiembre de 2015, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el concurso del proyecto que habrían favorecido al consorcio ganador.
En la investigación del equipo especial se señala que el Comité de Proseguridad Energética, a cargo del proceso de licitación, habría descalificado indebidamente al consorcio competidor valiéndose de informes jurídicos de los estudios de abogados Echecopar y Delmar Ugarte, ambos vinculados al consorcio integrado por Odebrecht y Enagás.
La fiscalía también sostiene que el gobierno de Ollanta Humala habría favorecido a Odebrecht, empresa que según colaboradores eficaces y ex directivos de la constructora aportó dinero a la campaña electoral del Partido Nacionalista en el 2011. Humala promulgó la Ley 29972, que otorgó garantías al consorcio del proyecto, lo que le permitiría conseguir financiamiento correspondiente. Algo que no tuvo la concesionaria Kuntur en su momento.
5- Los principales implicados
Entre los investigados por el equipo especial figura la exprimera dama Nadine Heredia. A ella le imputan haber materializado actos ejecutivos y de gestión durante el mandato de su esposo para favorecer a Odebrecht.
La fiscalía dice que Heredia se habría reunido con funcionarios vinculados con el proyecto y con representantes de la constructora brasileña, y habría influido en la designación de Eleodoro Mayorga como ministro de Energía y Minas poco antes de la entrega de la buena pro al consorcio liderado por Odebrecht.
Otro investigado es Juan Valdivia Romero, ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Alan García. Él emitió la resolución suprema por la cual se aprobó otorgar la concesión al consorcio Kuntur, pese a que presentaba como accionista mayoritaria a una sociedad inscrita en un paraíso fiscal sin oficina en el Perú y pese a que no hubo una licitación pública.
La ex ministra de Energía y Minas Rosa María Ortiz es otra investigada en su calidad de ex miembro del comité especial del Minen que decidió en el 2011 suspender la ejecución de la obra.
También están investigados los abogados Jorge Danós Ordoñez y Ana Reyna Palacios, socios del Estudio Echecopar, quienes durante el concurso emitieron una opinión favorable para la descalificación del consorcio competidor de Odebrecht y Enagás sin que concurra alguna causal de trasgresión de las bases. Además emitieron opinión legal en un proceso en el cual el estudio jurídico mantenía relaciones comerciales con Enagás.
Igualmente, está investigado el abogado Luis Peschiera Rubines, socio del Estudio Delmar Ugarte, por haber emitido un informe legal a favor de la descalificación de la empresa que competía contra el consorcio formado por Odebrecht y Enagás, pese a que su estudio mantenía vínculos comerciales con Enagás.
Otro investigado es Alfredo Dammert Lira, experto técnico que tras la renuncia de Kuntur a seguir con el proyecto recomendó en su informe que el Estado devuelva la carta fianza de US$66,7 millones al consorcio con fundamentos no sustentados en los hechos.
6- Estado de la investigación
En esta investigación, cuyas diligencias preliminares se iniciaron el 8 de marzo del 2017, se encuentran comprendidas 21 personas en calidad de investigadas, entre exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas, ejecutivos de Odebrecht, abogados que emitieron informes a favor del consorcio y Nadine Heredia.
Esta indagación se encuentra en la etapa de investigación preliminar y está a cargo de la fiscal provincial Geovana Mori, del segundo despacho del equipo especial. Los delitos imputados son negociación incompatible y colusión.
7- Otra investigación más avanzada
Además de la indagación del equipo especial, hay otra investigación sobre el Gasoducto del Sur que está más avanzada y a punto de pasar a juicio oral. Esta pesquisa está a cargo del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia.
En agosto del 2017, Abia formalizó denuncia y solicitó siete años de prisión para Edgar Ramírez, quien fue presidente del comité de selección del proyecto Gasoducto del Sur de ProInversión. También pidió seis años de cárcel para la ejecutiva del consorcio Claudia Hokama.
A ellos la fiscalía les imputó los delitos de negociación incompatible y colusión agravada por las presuntas irregularidades en la licitación del Gasoducto del Sur para favorecer al consorcio formado por Odebrecht y Enagás.
Cabe recordar que el mismo Ramírez confirmó ante la comisión congresal Lava Jato —encabezada por el ex parlamentario Juan Pari— que, a través de su empresa Latin Energy, realizó consultorías a Odebrecht antes de presidir el Comité Pro Seguridad Energética de ProInversión, que le entregó la buena pro al consorcio encabezado por la firma brasileña.
Relacionadas