César Hinostroza Pariachi, suspendido juez de la Corte Suprema. (Foto: Archivo El Comercio)
César Hinostroza Pariachi, suspendido juez de la Corte Suprema. (Foto: Archivo El Comercio)
Rodrigo Cruz

El Ministerio Público informó ayer a través de sus redes sociales que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó el jueves de la semana pasada una denuncia constitucional ante el Congreso contra el juez supremo y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (), paso necesario para que se pueda iniciar un proceso penal contra las autoridades que cuentan con un fuero especial.

En la cuenta de Twitter de la fiscalía se precisó, además, que los delitos imputados son cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La fiscalía exhortó al Congreso para que “en los próximos días” dé inicio a un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se apruebe posteriormente “la resolución acusatoria de contenido penal respectiva”.

De acuerdo con el reglamento del Congreso (artículo 89), las denuncias constitucionales pasan inmediatamente a la subcomisión, la que tiene un plazo máximo de diez días hábiles para informar si estas son admitidas.

Este Diario intentó comunicarse con la presidenta de ese grupo de trabajo, la congresista de Fuerza Popular Milagros Takayama, pero no contestó nuestras llamadas.

—Paso a paso—
En caso la denuncia sea admitida, la Subcomisión de Acusaciones abrirá investigación y presentará un informe final a la Comisión Permanente, en un plazo de 15 días que pueden ser prorrogables. Antes realizará una audiencia pública en la que podrán participar los denunciados. El reglamento del Congreso precisa que la Fiscalía de la Nación puede designar a un fiscal para que esté en la sesión .

La denuncia de Chávarry se presenta cuando las comisiones parlamentarias deben ser reorganizadas, como corresponde después de 28 de julio. Ántero Flores Aráoz, ex presidente del Congreso, afirma que se debería esperar a que se reorganice la comisión que recibirá la denuncia .

Una vez el informe final llegue a la Comisión Permanente, este será debatido y, de ser el caso, aprobado con el voto de la mayoría de sus miembros. Finalmente pasará al pleno del Congreso, que tendrá la última palabra.