Once abogados renuncian al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución

Los expresidentes del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, y César Landa, y el exministro de Justicia, Pedro Cateriano, renunciaron al Consejo Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, luego de que el Pleno del Congreso aprobó el domingo reformas que modificarían la inmunidad y el antejuicio político a altos funcionarios. La votación de estos cambios se dio sin el debido debate, ni sustento técnico.

Además, esta tarde los abogados Samuel Abad, Javier De Belaunde, Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva, Elizabeth Salmón, Luciano López Flores y Juan Carlos Ruíz también abandonaron el referido grupo parlamentario.

En un documento dirigido a Omar Chehade (Alianza para el Progreso), presidente de la Comisión de Constitución, Óscar Urviola consideró incompatible su afán por la “consolidación del Estado Constitucional y Democrático de Derecho” con las decisiones tomadas en el pleno del Congreso del domingo pasado.

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“Me veo en la obligación moral de dirigirme a usted para presentar mi renuncia irrevocable a la condición de miembro del Consejo Consultivo de la comisión que preside”, escribió el extitular del TC.

Urviola advirtió que con la decisión de eliminar el antejuicio para diversas autoridades del Estado “sin observar el más elemental principio de la función parlamentaria, como es el debido, serio y profundo debate de los proyectos” se ha dañado la autonomía de las principales autoridades del país, “alterando” el sistema jurídico y constitucional.

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“De manera inesperada, sin la debida fundamentación, se ha afectado la autonomía y facultades de los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo, el presidente de la República y los ministros de Estado, alterando de esta forma las bases del sistema democrático, que se basa en la división de poderes y el sistema de pesos y contra pesos”, indicó.

Poco después se conoció la renuncia al Consejo Consultivo de Pedro Cateriano. La carta, sin embargo, no incluyó los motivos de su decisión.

En tanto, César Landa expuso los motivos de su salida del grupo técnico que asesora a la Comisión de Constitución. Puntualizó que la decisión de la mayoría del Parlamento ha generado un “grave estado de cosas inconstitucional”.

Advirtió que “no solo ha desconocido que el Congreso no es un poder constituyente, sino un poder constituido y que las reformas constitucionales para ser válidas deben respetar los límites constitucionales formales”.

“La aprobación en el pleno del Congreso de las reformas constitucionales en primera votación para asegurar la inmunidad de cualquier actividad de los congresistas, incluso de los actos de función que podrían constituir infracciones a la ley penal (...) es una grave involución al fortalecimiento de nuestra democracia representativa en la lucha contra la corrupción política”, escribió.

Además, el abogado Javier De Belaunde también presentó su renuncia ante el Consejo Consultivo de la referida comisión debido a la reciente aprobación de la reforma constitucional “que contraviene los parámetros básicos de una debida deliberación y que supone una afectación grave a los principios constitucionales de democracia”.

Por su parte, los abogados Luciano López, Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva y Elizabeth Salmón también renunciaron al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución.

En el documento, rechazaron la forma en que fueron aprobadas las últimas reformas constitucionales, “pues contraviene uno de los principios esenciales de nuestro Estado constitucional, como es el principio democrático, recogido de manera explícita en los artículos 43 y 45 de la Constitución”.

Finalmente, los abogados Samuel Abad y Juan Carlos Ruíz remitieron sus cartas de renuncia bajo similares razones. “Todo esto debilita instituciones fundamentales indispensables para el funcionamiento de la democracia”, escribió Ruíz. Por su parte, Abad expresó que lo aprobado el domingo “debilitan la institucionalidad, el equilibrio de poderes y que, además, han carecido del debate y reflexión necesarios”.

El pleno del Congreso aprobó el domingo una reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria, pero modificar un artículo para que ningún legislador pueda ser procesado por actos en el ejercicio de su función. En el mismo dictamen aprobado, se elimina el antejuicio que tienen el presidente de la República y ministros, y se retira la inmunidad de los magistrados del TC y el Defensor del Pueblo.

Todo esto recién entrará en vigencia cuando sea aprobado en una segunda legislatura con mayoría calificada (87 votos).

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