Congreso: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene más de 100 casos pendientes

Las contingencias derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19) aplazaron la conformación de comisiones clave del Congreso. Tres meses después de iniciar funciones, los parlamentarios instalaron el jueves la Comisión Permanente y se confirmó la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La mesa directiva del subgrupo será presidido por el congresista Luis Roel Alva (Acción Popular), la vicepresidencia recaerá en Luis Valdez (Alianza para el Progreso), y el secretario será el congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú).

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Los demás integrantes son Otto Guibovich (Acción Popular), Carlos Andrés Pérez (Acción Popular), Jorge Vásquez (Acción Popular), Omar Chehade (Alianza para el Progreso), María Cristina Retamozo (Frepap), Richard Rubio (Frepap), Martha Chávez (Fuerza Popular), Carlos Mesía (Fuerza Popular), José Vega (UPP), Edgar Alarcón (UPP), Carlos Almerí (Podemos Perú), María Gallardo (Podemos Perú), Felicita Tocto (Somos Perú), José Luis Ancalle (Frente Amplio) y Gino Costa (Partido Morado).

Punto de partida

El mismo día que asumió el encargo de presidir la subcomisión, el congresista Roel inició el trabajo de recolección de documentación del subgrupo que, extraoficialmente, dijo que tiene más de 100 casos pendientes.

“Extraoficialmente, tengo conocimiento que hay más de 100 casos pendientes, en distintos estados, algunos para analizar la admisibilidad y/o procedencia, otros ya declarados procedentes y a quienes se les debe asignar un miembro de la subcomisión que prepare la denuncia, etc”, dijo Roel.

Precisó, sin embargo, que tiene pendiente por recibir el archivo y acervo documentario de la subcomisión, así como la asignación de oficinas de la subcomisión y que el servicio parlamentario asigne el personal para realizar las funciones.

De la información que ha recabado hasta el momento, se verificaron los siguientes casos pendientes:

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es uno de los subgrupos clave en el Congreso debido a que mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República, congresistas, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales supremos, jueces supremos, entre otros.

Estos funcionarios no pueden ser investigados sin haber pasado por el procedimiento parlamentario del antejuicio político, cuya prerrogativa es sobre los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Uno de los últimos casos de congresistas involucrados en investigaciones fiscales fue el de la exparlamentaria Luciana León, quien es investigada por el Ministerio Público desde octubre de 2019 debido a que habría actuado como el brazo político de la organización criminal Los Intocables Ediles, encabezada por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba.

León fue miembro de la Comisión Permanente del Congreso que continuó en labores tras la disolución del Congreso. Al igual que ella, otros cinco exintegrantes de la Comisión Permanente con casos pendientes en la subcomisión son Roberto Vieira, Héctor Becerril y Clemente Flores.

El excongresista Héctor Becerril es investigado desde mayo de 2019 por la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Chiclayo por su presunta participación en la organización criminal Los Wachiturros de Tumán, que tenía como objetivo apropiarse del patrimonio de la Empresa Agroindustrial Tumán. Esta asociación habría estado encabezada por Edwin Oviedo, exdirigente deportivo. A él se le acusa del presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

Además, otro caso por el que Becerril es indagado preliminarmente es el pago de presuntos sobornos tras la denuncia hecha por la empresaria Mirtha Gonzales Yep. Esta investigación es llevada a cabo desde febrero del año pasado, luego de que Gonzales, ex representante de la Constructora CRD, dijo que entregó S/74.000 en materiales de construcción para la casa de Becerril en Trujillo a pedido de su hermano, Wilfredo Becerril.

Prioridades y organización

Roel reiteró que lo que corresponde como primeras acciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es asumir la documentación y archivos existentes, así como verificar que la información recibida sea exacta.

“Como ideas que puedo adelantar es que por el volumen de casos que se reciben es que propondré a los miembros de la comisión tener dos fechas de sesiones a la semana sin que se crucen con las comisiones ordinarias”, dijo. “Sé que quieres que te diga que la próxima semana se verá tal caso o cual otro, pero ello no es responsable. Lo que sí te puedo decir, y es mi compromiso, es que veremos los casos pendientes reconociendo la necesidad de priorizar aquellos casos que la ciudadanía exige que este Congreso tome una decisión, y esta presidencia hará lo que le corresponde para que ello ocurra”, agregó el congresista Roel.

El presidente del subgrupo dijo también que corresponde a los demás congresistas, siempre que no integren la subcomisión, y a los ciudadanos que interpongan las denuncias debidamente documentadas y con pruebas para su análisis y procedencia.

“El trabajo de la subcomisión debe centrarse en cumplir la promesa de que somos un nuevo Congreso que reconoce la imperiosa necesidad de luchar contra la corrupción. Esta presidencia no blinda ni persigue, y procesará cada denuncia de acuerdo con el rigor probatorio y documental, y con la Constitución y las leyes”, finalizó el parlamentario.

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