La congresista María Agüero, de la bancada Perú Libre, evitó reconocer ante la prensa a Víctor Polay Campos como terrorista, a pesar de que ha sido sentenciado en dos instancias como el cabecilla del MRTA y que cumple una condena de 35 años de cárcel, y prefirió hablar de un “terrorismo de Estado” antes de cuestionar la demanda que se ha planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En declaraciones a RPP, la parlamentaria evitó responder si es que está a favor o en contra de las críticas contra Polay por exigir que respeten sus derechos a pesar de haber violado los derechos de las víctimas del MRTA.
“¿Qué es lo que hizo Polay concretamente, por qué le dicen terrorista? ¿Por qué?”, fue lo que preguntó en lugar de responder.
Cuando se le recordó que fue fundador y cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Agüero prefirió cambiar de tema y acusar al Estado.
“A ver, entonces el terrorismo que viene del Estado cuando ya, así, ahorita, es real”, interrogó.
Ante la insistencia de la prensa, la legisladora de Perú Libre se limitó a señalar que se deben respetar los derechos de todos. “Por eso son derecho humanos, no hay para uno y no para el otro”, aseveró.
Esta no es la primera vez que María Agüero se expresa en defensa de personas implicadas en actos terroristas. En julio, también ante la prensa, la legisladora pidió que no se le llame ‘camarada’ a Florabel Vargas, identificada como ‘Vilma’ y sindicada como mando terrorista de los remanentes de Sendero Luminoso.
“No me parece el término camarada, es más al almirante Montoya que es congresista le digo ‘camarada Montoya’ porque ellos también lo utilizan [Es] presunta terrorista. Para que deje de ser presunta, quien tendría que cumplir su función, que la cumpla y cuando se pruebe que es terrorista, que termine donde debe de terminar un terrorista. Mientras sea presunta, cómo van a mancillar el nombre de quien fue”, manifestó en aquella oportunidad.
Las declaraciones de María Agüero de este 1 de setiembre se dan en el marco de la demanda que presentó Víctor Polay a través de un grupo de abogados ante la CIDH contra el Estado peruano en la que alega que fue víctima de un proceso judicial que no respetó sus derechos y que sufrió de violencia durante su reclusión, la cual no fue atendida pese a sus reclamos.
