Andrea Vidal fue una extrabajadora del Congreso de la República. En concreto, trabajó como asesora en la Oficina Legal y Constitucional hasta septiembre de este año, bajo la dirección de su jefe en ese entonces, Jorge Torres Saravia. El pasado 10 de diciembre, fue atacada a balazos en La Victoria y, tras siete días de agonía, falleció. Este crimen destapó la presunta existencia de una red de prostitución dentro del Congreso, aparentemente liderada por su exjefe, según informó el programa “Beto a saber”. Aunque Torres Saravia ha negado las imputaciones en su contra, el caso está en investigación.
📢 Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) abrió investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, exfuncionario del Congreso de la República, por el presunto delito de explotación sexual, en agravio de mujeres no identificadas. pic.twitter.com/eduvbZ4vfa
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 19, 2024
Este hecho ha puesto nuevamente en el ojo de la tormenta al Congreso, que contó con 3.526 trabajadores en su planilla legislativa a noviembre del año pasado. Según pudo constatar El Comercio a través del portal de Transparencia, el presupuesto anual para el personal parlamentario ascendió a S/ 870 millones solo para 2024.
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La cifra mencionada representa un aumento de aproximadamente el 27% respecto al año anterior, cuando el total alcanzó los S/ 685 millones. Asimismo, demuestra que casi el 77% del presupuesto general del Parlamento es usado para el pago de trabajadores.
El caso de la presunta red de prostitución, en la que aparentemente Andrea Vidal y otras trabajadoras se vieron inmersas junto a Torres Saravia, según un informe de Willax, ha generado interrogantes sobre el control en el Congreso para contratar personal y el gasto público que representa.
En promedio, hay 27 trabajadores por cada congresista, teniendo en cuenta que son 130 legisladores. Además, las dependencias principales del Congreso reúne la mayor cantidad de contratados, con un total de 907. Por su parte, los despachos congresales y las comisiones (ordinarias y extraordinarias) suman 689 colaboradores. En estas comisiones, los congresistas tienen la facultad de contratar personal de confianza, a pesar de que existe personal de planta en el Departamento de Comisiones.
El año pasado, el Congreso también fue noticia por otros escándalos. Al menos 12 congresistas fueron investigados y señalados por prácticas de “mochasueldos”, es decir, exigían pagos a sus trabajadores, provenientes de sus propios salarios, para supuestas cajas chicas, gastos personales o incluso para otorgarles puestos de trabajo. Según las investigaciones, algunos de ellos pedían entre el 10% de los salarios de sus empleados y hasta el 50% de los bonos otorgados por el Parlamento.
El caso más reciente involucró al congresista Jhaec Darwin Espinoza Vargas, de la bancada de Acción Popular, quien habría obligado a sus trabajadores a realizar aportes de dinero que destinó para comprar regalos y organizar eventos de recolección de firmas en diversas provincias de Áncash. Además, habría utilizado esos fondos para cubrir los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los participantes en estos encuentros, según la Fiscalía de la Nación. Todo esto ocurría mientras Espinoza amenazaba con la continuidad laboral de sus trabajadores.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Darwin Espinoza Vargas, como presunto autor del delito de concusión, peculado por utilización y peculado de uso, en agravio del Estado. pic.twitter.com/qpxJZzbHum
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 20, 2024
La Fiscalía de la Nación, a través del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del parlamentario Espinoza por estos hechos, entre otros. A este caso se sumó el de Raúl Doroteo, también de Acción Popular, quien presuntamente obligó a una trabajadora de su despacho a entregarle el 50% de su sueldo. Según el Ministerio Público, estos acontecimientos habrían tenido lugar entre 2023 y 2024, con la participación de un hombre identificado como Mario Ricardo Reyes Ortiz.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Raúl Felipe Doroteo Carbajo, como presunto autor del delito de colusión, en agravio del Estado. pic.twitter.com/zeoWeBTS6S
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 18, 2024
Además, la congresista Hilda Marleny Portero López (Acción Popular) estaría implicada en la misma práctica, ya que habría forzado a al menos ocho colaboradores, incluida una trabajadora de la Comisión Multipartidaria del ‘Programa Hambre Cero’, a entregar sumas de dinero a través de su asesora Liliana Analinda Bances Farro. Contra ambos parlamentarios, la Fiscalía de la Nación presentó denuncias constitucionales ante el Congreso.
📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Hilda Marleny Portero López, como presunta autora del delito de concusión, en agravio del Estado. pic.twitter.com/UmDClO7gje
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 19, 2024
El Ministerio Público informó que, hasta el año pasado presentó un aproximado de 20 denuncias constitucionales pendientes ante el Congreso de la República. En este sentido, hicieron un llamado a los parlamentarios para que se establezca un plazo específico en el Reglamento del Congreso para el trámite de estas denuncias constitucionales. “Exhortamos a los señores parlamentarios a que se establezcan o delimiten, en el Reglamento del Congreso, un plazo en el procedimiento del trámite de denuncias constitucionales”, precisaron.
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi Vega destacó la importancia de que el Contralor General de la República supervise el uso eficiente de los recursos públicos, al igual que lo hace la Fiscal de la Nación. En este sentido, afirmó que si se detecta un incremento injustificado en la planilla de cualquier otra entidad del Estado, la intervención de la Contraloría debería ser inmediata.
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Rospigliosi señaló que, en la historia del Perú, nunca el Congreso de la República ha contado con un presupuesto tan elevado, superando los mil millones de soles. De este monto, la mayor parte se destina a una sobrepoblación laboral innecesaria, dado que en el Parlamento ya existe un alto porcentaje de trabajadores nombrados con años de servicio, los cuales no pueden ser despedidos. En su opinión, estos colaboradores deberían ser los primeros en maximizar su rendimiento y optimizar la gestión. “Nunca en la historia del Perú, el Congreso de la República ha tenido un presupuesto tan alto. Son más de mil millones de soles”, dijo.
El experto explicó que un porcentaje de los nuevos trabajadores son contratados como parte de un pago por favores políticos obtenidos durante las campañas. Además, una parte significativa de ellos accede a los puestos donde posteriormente se les retienen porciones de sus sueldos. En este contexto, mencionó el caso de Michael Urtecho, quien se encuentra prófugo y ha sido sentenciado por la Corte Suprema a 23 años de prisión por varios delitos, entre ellos la concusión. Según Rospigliosi, este caso ha marcado un antes y un después, ya que muchos involucrados en el cobro de “mochasueldos” son conscientes de que, en los 16 meses restantes de este Congreso, será probable que el próximo gobierno, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, apruebe un informe para inhabilitar a los parlamentarios implicados.
El dato
Los ingresos
Los trabajadores del Congreso reciben 16 sueldos, donde están incluidos los pagos de sus vacaciones, escolaridad y gratificaciones. Asimismo, también acceden a bonos.
El ex oficial mayor del Parlamento César Delgado Guembes advirtió que aproximadamente unos 40 a 50 puestos de funcionarios en el Congreso han sido designados sin reunir las condiciones que deberían de acuerdo al Estatuto de Servicio Parlamentario. “Han sido designados por razones políticas sin que reúnan requisitos de competencia, experiencia y trayectoria. Se las contrata por razones de afinidad política o amistades, entre otros”, precisó.
Asimismo, señaló que la ausencia del Estatuto de Servicio Parlamentario, el cual establece los requisitos, competencias, trayectorias y experiencia necesaria para acceder a un puesto de funcionario en el Congreso, fue impulsada inicialmente por la excongresista Luz Salgado en 2016. En ese año, modificó el estatuto con el fin de designar a personas en la Dirección General de Administración en quienes confiaba. Al año siguiente, Luis Galarreta logró la suspensión generalizada del estatuto, lo que, a partir del periodo 2017-2018, comenzó a deteriorar la relación institucional entre los congresistas y el personal del Congreso.
“Las bases comenzaron a estructurarse a partir del periodo 2016-2017, con Fuerza Popular en el Congreso. Este proceso culminó de manera irregular en 2021, se intensificó en los últimos años durante la presidencia del congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, y se agudizó con la presidencia de Eduardo Salhuana y la Mesa Directiva que él encabeza. Estas relaciones no solamente son de clientelismo político, sino de copamiento”, concluyó.
El Comercio solicitó descargos al área de prensa de la Mesa Directiva y de Oficialía del Congreso con el propósito de conocer detalles sobre la situación de los trabajadores, las planillas y las contrataciones al interior de la entidad. Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue sobre el presupuesto que se destinará para el presente año.
“El presupuesto 2025 asciende a S/ 1,412.4 millones, lo que representa un incremento de S/ 277.6 millones en comparación con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)2024, el cual debió ser considerado por el MEF como base parala asignación presupuestaria de 2025. Sin embargo, en virtud de la autonomía presupuestal y económica que establece la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, la aprobación del Presupuesto Institucional del Congreso de la República corresponde a la Mesa Directiva y el Consejo Directivo, conforme al inciso b del artículo 30 del Reglamento”, indicó el área de prensa a este Diario.
